El trasvase Júcar-Vinalopó, cuyos primeros desembalses, aun a modo de prueba, se han fijado para el próximo verano, no ilusiona especialmente al sector agrícola alicantina. Así la asegura el delegado en la provincia del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Comunidad Valenciana y Baleares, José Manuel Carrillo Cañizares. «Algo de expectativas sí ha generado, pero para nada una ilusión desbordante», subraya el técnico, natural de Orihuela y conocedor por ello de los graves problemas hídricos que ha sufrido la agricultura en la última década.
«Los agricultores, tanto los autónomos como los empresarios, tienen grandes recelos con este proyecto, porque es un desastre que aún no se conozcan ni las tarifas por metro cúbico ni si estará garantizada la calidad del agua, que ahora no la tiene al estar la toma en la cola del río, en Cullera», añade Carrillo Cañizares.
Una amplia representación del Colegio de Agrónomos tuvo la oportunidad de visitar, recientemente, las obras del postrasvase en la margen derecha e izquierda Vinalopó. La obra correspondía hacerla a la Conselleria de Agricultura y de Infraestructuras. No estará finalizada, al menos para cuando se ha fijado la llegada del agua en fase de pruebas. José Manuel Carrillo indica que las obras se ejecutan a buen ritmo, pero que no estarán acabadas ni en verano ni a final de año. El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto iniciar el trasvase en sí a principios del próximo año.
Esta misma semana, el consejo de la empresa gubernamental Acuajúcar, responsable de ejecutar la conexión entre ambas cuencas, decidió por unanimidad privatizar la puesta en marcha de la transferencia hídrica y su gestión. Para ello ha sacado a licitación, por 2,2 millones de euros, la contratación de los servicios de una firma que trabajará en la gestión de la transferencia durante un año y medio, plazo que se podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de cuatro ejercicios.
Los técnicos de Acuajúcar prevén que a finales de mayo ya se habrá firmado la adjudicación a la concesionaria y esperan que este verano se inicien las pruebas de envío de agua desde la toma del trasvase, situada en el azud de la Marquesa, en Cullera, hasta el tramo final de la conducción, la balsa de San Diego, en Villena, junto a La Font de la Figuera. Aunque para ello deberán terminarse las obras del túnel de Barxeta, las últimas de relevancia que restan al trasvase.
El representante de los técnicos también alude a la «amenaza» de la derogación futura del trasvase Tajo-Segura, de la que dependen decenas de miles de puestos de trabajo en la mitad sur de la provincia. «El agricultor no tiene muy claro aún el futuro de sus inversiones, por un motivo y por el otro y por ello se paraliza el negocio y las expectativas», indica Carrillo.
«El sector agrícola, con hortaliza, cítricos y almendras a la cabeza, tiene futuro en la provincia, pero la sociedad es cada vez más exigente para que los productos sean de alta calidad», añade, en alusión a la insuficiente cantidad y calidad de agua de riego, pese a las precipitaciones copiosas de los últimos meses. Cree que la mayor preocupación ahora mismo de los agricultores, al menos los de la mitad sur de la provincia, reside en el cambio del plan de cuenca del Segura, que contemplaría el abandono directo de unas 40.000 hectáreas agrícolas para destinar el agua a un uso meramente ambiental, no productivo. «Si esto ocurre, la repercusión en el empleo será tremenda», añade Carrillo Cañizares.
Cree que si deja de llegar agua del Tajo y no se garantiza el caudal del Júcar en precio y calidad suficientes «muchas comunidades de regantes y empresas agroalimentarias tendrán serios riesgos financieros y quedarán al borde de la desaparición». El delegado del Colegio de Agrónomos no cita el trasvase del Ebro, cuyo debate mediático y político también ha descendido en los últimos meses.
