Luis Fernando Cartagena, ex conseller de Obras Públicas durante el Gobierno de Eduardo Zaplana, no se sentará aún en el banquillo de los acusados por el añejo asunto de las cesiones de crédito o primas únicas del Banco Santander.
La Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, ha provocado un nuevo parón del proceso, que se remonta a la década de los años 90, al estimar un recurso de apelación de la defensa. Aunque un Juzgado de lo Penal de Orihuela ya abrió el juicio oral en el año 2008, el tribunal ha acordado ahora remitir de nuevo la causa al Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad.
Según confirmaron ayer a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), el proceso ha de retrotraerse justo hasta el momento anterior en que las diligencias previas fueron transformadas en un procedimiento abreviado.
La decisión implica que el fiscal anticorrupción, Felipe Briones -ya había solicitado tres años de prisión para el acusado- debe reelaborar su escrito de conclusiones provisionales. El juicio se demorará por tanto varios meses más siendo optimista.
De hecho, la Audiencia ha ordenado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas reclamar la remisión de otras partes del voluminoso sumario al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano que asumió inicialmente la investigación.
Según las fuentes del TSJ consultadas, la Sección Séptima está a la espera de que el fiscal opine en un informe sobre qué fragmento de la documentación debe viajar desde Madrid a Orihuela.
La principal consecuencia de este nuevo retraso en un caso que ha dado mil vueltas y registrado un sinfín de vaivenes procesales a lo largo de la última década es que Cartagena prácticamente se garantiza la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en su categoría de «muy cualificada». De manera que recibirá una pena mínima. Siempre que sea condenado, claro.
El fiscal anticorrupción sostiene que el también ex alcalde de Orihuela defraudó a Hacienda 502.817 euros entre 1988 y 1989 al no declarar 993.087 euros en ingresos procedentes de las primas únicas del Santander, un producto financiero opaco al fisco.
El escándalo fue descubierto en la década siguiente. Al cabo de una farragosa investigación, en diciembre del año 2006, la Audiencia Nacional archivó la causa contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y veinte clientes. Quedaba impune así un perjuicio patrimonial para las arcas públicas cercano a los 84 millones de euros.
La parte del sumario que afectaba a Cartagena fue remitida a la provincia. Y aquí dos juzgados, el 4 de Orihuela e Instrucción 6 de Alicante, se enzarzaron en una discusión sobre a quién correspondía la competencia. La Audiencia Nacional resolvió a favor del primero.
Ya inmerso en ese procedimiento, el ex conseller fue condenado a cuatro años de cárcel por malversación y falsificación de documentos. En 2002, la Audiencia Provincial dictaminó que siendo alcalde de Orihuela se había apropiado de 49.000 euros donados por unas religiosas en 1993. Pero Cartagena siguió en libertad hasta julio de 2008, cuando pisó la prisión por primera vez. Tres meses más tarde ya había obtenido el tercer grado.
