Nueva visita de la junta local de gobierno de Bigastro al Palacio de Justicia de Orihuela por un asunto de trasfondo urbanístico. El alcalde Raúl Valerio Medina encabezó el desfile de cargos de su equipo de gobierno para defenderse de la imputación que hace el titular del Juzgado Número 2 respecto al paso a cobro de unas tasas a los particulares de otro sector del D-5.
Medina acudió pronto, junto con la primer teniente de alcalde, Inmaculada Martínez y los ediles Mari Carmen Alonso y José Espinosa. A estos les siguió el secretario municipal, Antonio Saseta, también imputado y varios técnicos municipales. Asimismo también estaba citado el ex alcalde José Joaquín Moya, que presentó un certificado médico para asistir a la cita.
Los ediles socialistas estuvieron durante casi toda la mañana respondiendo a las cuestiones formuladas por el magistrado y a la salida de las dependencias judiciales, el primer edil no dudó en calificar la visita al edificio de la plaza Santa Lucía como «un paseo más de los que nos tiene acostumbrados el PP».
El alcalde reprochó a la oposición el «haber manipulado a la vecina que interpuso la querella», y se mostró convencido de que «todo obedece a una maniobra política para seguir su camino de judicialización de la actividad municipal». Medina incluso está dispuesto a pedir responsabilidades civiles y penales si llega el caso, a la propietaria del sector y el abogado que la defiende, contra el que también cargó las tintas porque es el mismo que representa a los populares bigastrenses. Carmen Navarrete, que es el nombre de la persona que entiende que sus intereses están lesionados, denunció a la junta de gobierno y a varios funcionarios por presunta prevaricación y falsedad documental, entre otras cosas, en la gestión del sector urbanístico D-5 por el cobro de unas cuotas con las que no está de acuerdo.
En esa tesitura, el regidor bigastrense recordó que todo obedece «al interés del PP de mantener la tensión judicial» y se basa en que la denuncia de la particular está fundamentada en un error de fechas por parte del secretario municipal «que se detectó y empezó a subsanar en el mes de julio», un error que dijo ayer Medina el propio secretario reconoció ante el juez que existió, ante lo que el magistrado dio al alto funcionario un plazo de cinco días para al presentación del documento corregido.
Asimismo indica el alcalde que en septiembre de 2009 la mujer recibió una documentación en la que se le explican los errores así como los trámites desarrollados para arreglarlos, «pero no lo han notificado al juzgado, por lo que considero que mantienen puesta una denuncia falsa» y barrunta querellarse por este motivo y exigir daños y perjuicios.
Medina insiste en que la vecina «se ha dejado usar por el PP y por su abogado» y lo basa en que el contencioso administrativo se rechazó «pero se mantuvo la vía penal» y que el error al detectarse se enmendó al dirigir la documentación, que se envió a la empresa urbanizadora del sector, ya que aparecía una fecha de junta de gobierno que no se correspondía con la correcta de 15 de septiembre de 2008.
