La Generalitat no puede hacer frente a la ampliación del tranvía. No hay un duro y hay que recuperar en la medida de lo posible la inversión realizada o, al menos, la comprometida. Y para ello, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte publicará en breve los pliegos de condiciones de dos concursos. Por una parte, el anunciado para la explotación de la línea 2 del tranvía, que comunica Alicante con San Vicente del Raspeig, y por otro lado, el concurso para la concesión de obra del tramo soterrado entre la estación del Marq y la futura en Renfe.
Ésta es la principal novedad del llamado proceso de privatización denunciado por los sindicatos, con cuyos representantes se reunión ayer el conseller Mario Flores para explicarles el escenario. Luego lo hizo con los medios de comunicación. Se trata, en el caso de este segundo concurso, de recuperar alrededor de 150 millones de euros, aunque en realidad la mayor parte de ese dinero está pendiente de pagar por parte de la Conselleria a las empresas que están ejecutando el tramo subterráneo por las avenidas de Alfonso el Sabio y de la Estación. La empresa adjudicataria de esta concesión, por un periodo de 40 años, deberá asumir la construcción de la estación prevista junto a la futura intermodal (Renfe/Adif), así como el mantenimiento de la infraestructura y del servicio. Será esta empresa la que deberá abonar a las constructoras las cantidades comprometidas en las adjudicaciones por la Generalitat.
La mercantil cobrará al concesionario de la explotación de la línea por el uso de la infraestructura
Respecto al concurso para la explotación de la línea 2, la Generalitat ha previsto en el pliego de condiciones recaudar, en primera instancia, 15 millones de euros, en un único pago, en el momento de la adjudicación. Además, con carácter anual, el explotador de la línea, deberá abonar 5,1 millones al Ente Gestor de Transporte, dependiente de la Generalitat, por el uso de la infraestructura en superficie (desde el Marq hasta San Vicente). Además, deberá disponer de un pago de 4,2 millones al adjudicatario de la obra (el del concurso citado de concesión de obra pública), y otros 3,2 millones de euros para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el alquiler del material móvil. Incluso, tendrá que asumir otros 231.000 euros para FGV por las labores de seguridad que preste la empresa pública. En este caso, la concesión es sólo por ocho años.
A cambio, no sólo recaudará el precio de los billetes de los pasajeros, que será al mismo que ahora (1,20 euros, el billete sencillo), sino que recibirá una aportación directa de la Generalitat, que dependerá el número de viajeros que utilicen la línea. A más pasajeros, menor subvención pública. En este sentido, el conseller lamentó que la aportación estatal sea nula, frente a otros casos, como en Valencia, donde ha llegado a ser del 30%. En Francia, el Ejecutivo financia hasta el 40%.
Mario Flores destacó que esta fórmula, avalada por una directriz de la Unión Europea, garantiza no sólo los puestos de trabajo de Ferrocarrils de la Generalitat, sino que permitirá seguir creciendo, con más frecuencias y nuevas líneas, que obligarán a contratar nuevos puestos de trabajo. El conseller citó tres grandes proyectos a financiar a través de las nuevas concesiones: el túnel de la Serra Grossa, ya adjudicado; la electrificación del Tram desde Benidorm a Altea y la línea hasta el aeropuerto de El Altet.
