La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Vila ha asumido finalmente la nueva causa por corrupción urbanística derivada de la investigación del crimen del que fuera alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, según precisó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Su compañera María Antonia Raedo tomó la decisión al deducir testimonio del sumario principal, en el que están imputados siete sospechosos, entre ellos el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, ante la posible comisión de otros delitos.
Como publicó ayer este diario, las nuevas pesquisas se centran en el urbanismo municipal y se tramitan inicialmente por un delito de cohecho (soborno).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya pidió en el año 2008 a la juez Raedo que incoara una investigación paralela y desgajada de la del crimen, pues se toparon con indicios de corrupción relacionados con la concesión de licencias a de agente urbanizador a diversas promotoras.
Esos indicios apuntan por ahora a dos personas cuya identidad no ha trascendido y que no han sido aún imputados.
Sin embargo, parece evidente que el propio Juan Cano y el ingeniero que llegó de su mano al Consistorio en el año 2000 para ejercer funciones de arquitecto municipal, José Vicente Martí, se encuentran en el centro de la trama.
De hecho, los agentes del Instituto Armado han constatado que Martí facturaba al Ayuntamiento por la emisión de dichos informes a través de su empresa EIA Ingeniería a la vez que controlaba otra mercantil, UEI Marina, que trabajaba para los propios agentes urbanizadores.
Desde el principio, la UCO sospechó que en el asesinato de Alejandro Ponsoda, tiroteado el 19 de octubre a las puertas de su vivienda de la pedanía de Xirles, subyacía un trasfondo urbanístico.
Cano fue concejal de dicha área desde 1995 hasta 2003, cuando la dirección provincial del PP lo apartó del Consistorio al verse involucrado en un turbio episodio de cobro de comisiones a un constructor. Regresó a la corporación con una maniobra maestra en el 2007 -amenazó con presentar una lista independiente- y fue detenido por el asesinato en noviembre de 2009.
La semana que viene declara a petición propia ante la juez Raedo. Será la primera vez que lo haga, ya que cuando fue detenido se negó porque el sumario estaba secreto. A su comparecencia seguirán la de los demás imputados, según algunas fuentes del caso.
