El primer debate en el Congreso del proyecto de reforma del Código Penal ya dibujó cuál puede ser la composición de la mayoría parlamentaría que termine por aprobar el cambio de unos 150 artículos de la ley, la vigésimoquinta modificación de la norma -seis de ellas sustanciales- desde que fue aprobada en 1995.
El Gobierno y el PSOE contaron con el apoyo fundamental del PP y de CiU para derrotar las enmiendas a la totalidad contra un texto que endurece de forma notable las penas contra determinados delitos graves, como el terrorismo y las agresiones sexuales a menores; establece la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas; aumenta la estancia efectiva en prisión para otros delitos -los de penas de más de cinco años-; y, además, establece el control posterior en la calle de los condenados, con medidas como la libertad vigilada. Los únicos que votaron por la devolución al Ejecutivo del texto, por considerarlo represivo en exceso, fueron los 13 diputados del PNV, Esquerra, IU y BNG.
El texto del Gobierno introduce además nuevos delitos, como la piratería, el tráfico de órganos, el acoso laboral e inmobiliario o el cohecho entre particulares, amplía los tipos contra el terrorismo 'yihadista', endurece las penas contra la corrupción urbanística y la prostitución y pornografía de menores, entre otros, y descarta el encarcelamiento de pequeños vendedores callejeros, como los del 'top manta'.
Ninguno de los grupos ha dado aún el sí definitivo al Gobierno, pero tanto los populares como CiU mostraron durante el debate un alto grado de acuerdo con el proyecto e invitaron al PSOE a cerrar el acuerdo en la negociación de enmiendas parciales. Los socialistas no ocultaron al final del pleno su optimismo porque no descartan que a su oferta para alcanzar un acuerdo casi unánime puedan se sumen también los nacionalistas canarios, otros partidos menores del grupo mixto y destacaron que incluso ERC y el PNV, pese a las duras críticas y a las marcadas diferencias, se muestran proclives a la negociación.
Puntos de fricción
La reivindicación principal del PP es la implantación de la cadena perpetua revisable a los 20 años para asesinatos terroristas, magnicidios, genocidios y muertes con violación, una demanda rechazada por el resto de partidos y descartada por el Gobierno por considerarla «inconstitucional». CiU avisó que no dará su apoyo salvo que los socialistas acepten establecer una pena de cárcel para los ladrones que cometen decenas de pequeños hurtos anuales, de menos de 400 euros, y que no entran en prisión porque son faltas castigadas sólo con multa.
El PNV y los grupos de izquierda tienen los mismos caballos de batalla. Se oponen a la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas porque, dicen, violan la legalidad internacional, que reserva esta excepción para el genocidio y crímenes de guerra; rechazan el aumento del período en que se impide el acceso al tercer grado penitenciario; y, sobre todo, denuncian las medidas de libertad vigilada, que para el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, es implantar la cadena perpetua «de tapadillo». Esta disposición permite vigilar, incluso por medios electrónicos, a delincuentes peligrosos cuando salgan de la cárcel. Su duración máxima es de cinco años, pero para violadores, pederastas y terroristas puede llegar a diez.
