
DATOS
El pasado 26 de noviembre el Ayuntamiento recibió un escrito de ejecución de sentencia del Tribunal Supremo. Ya en el 2003 se había denegado el recurso contencioso-administrativo, y posteriormente el de casación ambos presentados por el Ayuntamiento, con lo que la suerte del camping estaba echada.
Ayer, Encarna Marco remitió una carta a los 111 campistas que actualmente ocupan las instalaciones, dándoles a conocer la decisión del equipo de gobierno. Muchos habían planteado la posibilidad de seguir hasta después de las fiestas navideñas, y podrán hacerlo. Pero el 9 de enero deberán desalojar.
Lo mismo sucederá con el camping Sol y Sombra que se encuentra a la entrada de Arenales del Sol. La concejal de Turismo explicó que «la normativa es muy severa, y ello supone que vaya también a cerrar. Algunos de los campistas que se encontraban en sus instalaciones se dirigieron a nosotros para ver si podían venir, pero les hemos comunicado que no puede ser. Ahora el único camping que quedará será el internacional de La Marina, que no tiene ningún tipo de problema».
Se pone de este modo fin a diez años de litigio. En 1989 se pidió a la Generalitat ocupar los 40.000 metros cuadrados de terreno en los que está ubicado el camping de El Pinet. Se concedió un derecho de ocupación de 29 años, pero debido al nuevo deslinde de Costas unos 28.000 metros cuadrados pasaron a ser dominio marítimo-terrestre.
En febrero del 2000 una orden ministerial de Medio Ambiente denegó cualquier posibilidad de ocupar los terrenos. «Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano», destacó Encarna Marco.
A partir de enero se debe proceder a la demolición de las instalaciones, y a acometer las actuaciones necesarias para que los terrenos vuelvan a recuperar su estado inicial. Hay que retirar toda la infraestructura que hay como tuberías y sistema de alcantarillado, y regenerar el sistema dunar. La edil de Turismo indicó que se dejará que sea la dirección general de Costas la que haga esa labor de forma subsidiaria.
Críticas del PP
La portavoz popular, Mercedes Alonso, acusó ayer al equipo de gobierno de no haber adoptado las medidas oportunas para evitar el cierre y de haber abandonado a su suerte a los usuarios de este servicio.
«No han hecho los deberes, no han gestionado bien este tema.Si lo hubiesen hecho tendrían escriturados los terrenos como otros que están en primera línea», dijo Alonso.




