Órdenes de alejamiento, cursos de educación sexual y de reeducación en valores e incluso protección policial. Las medidas recientemente adoptadas en el caso de una niña de 15 años presuntamente acosada por cuatro compañeros de instituto en Alicante no son infrecuentes en los juzgados de Menores de la provincia. Según fuentes judiciales, en los últimos meses se han dictado este tipo de resoluciones en más de una docena de casos de maltrato familiar o de acoso escolar.
Desde la Fiscalía y los juzgados de Menores se mostraban ayer sorprendidos por la relevancia que ha adquirido el caso de la adolescente de 15 años presuntamente acosada por cuatro compañeros de instituto, dos de ellos inimputables al no alcanzar los 14 años, y temían que la publicidad llevara a una mayor victimización de la agredida. Según la madre de la niña, los adolescentes la sometían a tratos degradantes, tocándole el pecho y las nalgas y llamándola «puta».
El pasado 30 de mayo, y tras haber ido detenidos los dos adolescentes de 16 años implicados, el juzgado acordaba a petición de la Fiscalía una orden de alejamiento que prohibiera a los adolescentes acercarse a la joven a menos de 300 metros fuera del centro escolar y a compartir aula, lo que obligó a que uno de los chavales tenga que seguir las clases en la biblioteca.
En el auto de medidas cautelares, el juez decretaba también que los dos menores acudieran a «un curso de educación sexual» con fines preventivos. En estos momentos, la Conselleria de Bienestar Social estudia cómo aplicarlo y si se deriva al plan contra la Violencia Juvenil de la Audiencia.
Con el fin de que fuera efectiva la orden de alejamiento, la medida se comunicó a las fuerzas del orden para que se garantizara la protección, «tal y cómo se hace en todos los casos», señalaba ayer el titular del Juzgado de Menores Número 3, encargado del caso. En esta ocasión, la Policía decidió darle un móvil directamente conectado con un subinspector las 24 horas del día. Otras veces «optan por patrullar más por la zona en la que se mueve el menor», añadió el magistrado, José Ricardo García.
«Siempre que hay una orden de alejamiento se comunica a la Policía y a la Guardia Civil y ésta lleva a cabo su protocolo interno», explicaba el magistrado. Sólo el Juzgado de Menores ha dictado una medida de este tipo en al menos tres ocasiones en los últimos meses. Una de ellas fue el caso de acoso escolar denunciado en Elche en noviembre del año pasado, en el que finalmente sólo se mantuvieron las diligencias contra cuatro chicos, de los siete inicialmente implicados.
«Las órdenes de alejamiento son frecuentes en los casos de acoso escolar o sexual y en los de malos tratos», señalaba ayer Carmen Arias, titular del Juzgado de Menores Número 1. En los últimos días se ha impuesto una a un chico con el fin de proteger a su novia. «Suele haber una semanal», añade.
Aplicar este tipo de medidas, sin embargo, es complicado en el caso de los menores. En los casos de acoso escolar «las víctimas y los agresores suelen ir al mismo centro escolar y ser del mismo barrio. No se puede prohibir a un niño volver a su casa para mantener las distancias con otro, ya que la orden de alejamiento entonces afectaría a toda la familia y obligaría a los padres a trasladarse».
Según Carmen Arias, en los casos de acoso escolar se suele poner un oficio al director del centro para que los niños no coincidan en las mismas aulas. Si el menor está acusado de maltratar a los padres, «se ha de buscar un sitio donde alojarle, o bien con un familiar cercano o bien un centro de acogida». Recientemente se obligó a un adolescente a vivir con su tío tras pegar a la madre.
Cursos
José Ricardo García explica que la obligación de realizar cursos de educación sexual «se ha aplicado en diez o quince casos de violación o de malos tratos de novios a novias». Esta «educación en valores» es llevada a cabo por los educadores de Bienestar Social encargados de las libertades vigiladas. Según el juez, previamente «me envían una programación individualizada para que la vea», aunque «lo mejor es que se realizaran grupos». El objetivo es que «se interiorice la igualdad entre sexos y s desechen las conductas machistas».
Desde el Juzgado Número 1 señalaron que también se envió una vez a un curso de rehabilitación de maltratadores a un joven ya mayor de edad condenado por un delito de violencia doméstica cometido cuando todavía era menor.
