Acuamed, la empresa estatal que depende del Ministerio de Medio Ambiente y que gestiona la ejecución de las obras del Programa Agua que sustituyeron al trasvase del Ebro, está preparando, junto a Acuajúcar, sendas visitas a la planta desalinizadora de Torrevieja y a las obras acabadas del trasvase Júcar-Vinalopó, en término municipal de Villena.
La intención es que los políticos y los técnicos de la Unión Europea, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía y Hacienda «se lleven la mejor imagen posible». En ambos casos, el objetivo es poner un velo a las polémicas de las últimas semanas sobre la paralización de la planta de Torrevieja y los intentos de bloqueo de la nueva conducción del Júcar-Vinalopó, en ambos casos a cargo del Gobierno valenciano, frontal enemigo de los dos proyectos del Ejecutivo socialista para resolver el déficit estructural de agua que sufre la provincia.
Los plazos de ejecución previstos en el concurso de adjudicación de los cinco tramos pendientes oscilan entre los 16 y los 20 meses. La sociedad estatal Acuajúcar lo tiene cada vez más crudo para cumplir con los plazos que se marcó. El objetivo era terminar las obras a finales del 2008 y que estuviera operativo para empezar a transferir los primeros caudales desde el Azud de la Marquesa hasta el embalse de San Diego, a principios del año 2009. El retraso acumulado es, como poco, de cinco meses, pese a los reiterados anuncios de la ministra Cristina Narbona de que el proyecto estará finalizado antes de acabar el año 2008. El pasado día 11 de mayo, en una nota de prensa tras un consejo en Alicante, Acuajúcar dijo que la obra comenzaría «en cuestión de días». Casi un mes después, tal vez sin reaccionar por la debacle electoral socialista en la Comunidad, la cosa sigue igual.
