En mi opinión, el derecho a la privacidad de los políticos debe respetarse hasta que este derecho choca con los intereses de los ciudadanos. Si,, ateniéndose a este principio, las autoridades no hubieran investigado la vida privada de los señores que han sido imputados por corrupción en Marbella, los Yagüe, Roca, Muñoz y algunos más, no hubieran podido ser inculpados de todos los cargos que se les imputa.
Quisiera referirme al enfado aparente del señor Ruiz Gallardón por las preguntas que le hizo el candidato socialista Miguel Sebastián, durante el debate de TVE celebrado hace unos días, sobre sus relaciones con Montserrat Carulla, acerca de un asunto relativo a ciertas actividades urbanísticas en Madrid, atribuidas a esta abogada, presunta testaferro de Juan Antonio Roca, cerebro de la corrupción marbellí.
El señor Ruiz Gallardón califica de «vergonzoso» el hecho de que Miguel Sebastián le pregunte por sus relaciones personales y políticas con Montserrat Carrulla, con recursos tan poco éticos como a los que recurren ciertas figuras famosillas, con el argumento de la privacidad de su vida privada.
El señor Ruiz Gallardón debería saber que su vida privada termina en el mismo instante en que se inicia su actividad pública. Los casos de Clinton o Profum, entre otros, fueron suficientes para demostrar al mundo de la política que los políticos, además de parecer honrados (como la mujer del César), tienen que serlo.
