El Gobierno sostiene que ha hecho «cuanto está en su mano» para evitar que Batasuna concurra a los comicios del próximo día 27. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, defendió ayer que la decisión de no solicitar la ilegalización de ANV se tomó con arreglo a «criterios jurídicos» y bajo la convicción de que impugnar sólo un número determinado de candidaturas «era el mejor procedimiento».
Por ese mismo motivo, el Ejecutivo carece de plan B para frenar la instrumentalización del histórico partido por parte de la formación ilegalizada en caso de que el Tribunal Supremo tumbe los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
La número dos del Ejecutivo aseguró que el debate que ayer se produjo en la sala del 61 sobre la posibilidad o no de impugnar las listas de un partido sin haberlo situado antes fuera de la ley es «legítimo y respetable». No en vano, de acuerdo con fuentes gubernamentales, la misma cuestión fue discutida en el seno del Gobierno hace apenas una semana.
Finalmente, el ministro del Interior, más partidario de la impugnación selectiva que de la ilegalización del partido, logró hacer prevalecer sus tesis.
Argumentos
La explicación que ofrece el Gobierno es que, de acuerdo a la jurisprudencia existente, buena parte de las candidaturas de ANV «no presentan reparo sobre su adecuación a la ley de partidos». Aluden a la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2005 ratificó la decisión del Supremo de tumbar las listas de Aukera Guztiak al Parlamento Vasco. En ella se decía que no basta con que una candidatura esté integrada en los puestos de cola por personas que hayan concurrido a otros comicios por Batasuna para decidir su anulación. La diferencia, admiten, es que AG no era un partido, sino una plataforma de electores.
Fernández de la Vega insistió, aún así, en que el Ejecutivo ha actuado «en defensa de los derechos de la mayoría y en cumplimiento estricto de la legalidad» y aseguró que no se ha planteado cómo actuar en caso de que su estrategia no cuente con el beneplácito de los tribunales porque «el Gobierno no trabaja sobre escenarios que no se han producido sino sobre hechos».
