El presidente de Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, en representación de miles de agricultores (sobre todo de la Vega Baja), se mostró ayer a favor de las plantas desalinizadoras, pero, al ser preguntado por la de Torrevieja (paralizada desde el pasado 29 de marzo por Acuamed a petición de la Generalitat Valenciana), no dudó en calificarla de «central nuclear» y de «bomba permanente».
Aniorte convocó ayer a los medios para dar cuenta de la concentración prevista para mañana sábado por todas las organizaciones provinciales de Asaja en Madrid. Tras tildar a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de «futuróloga» por decir en Alicante que «el trasvase del Ebro no se hará jamás, no con este Gobierno ni con ninguno», el representante agrícola afirmó: «Hay muchos socialistas que quieren el trasvase del Ebro y si estuviera hecha la infraestructura no se perdería los tres trasvases que van ahora al mar en sólo dos meses».
A renglón seguido, Aniorte se mostró partidario de las desalinizadoras (en su discurso siempre ha habido hasta ahora críticas hacia el Programa Agua del Gobierno), si bien matiza que no para regar a 0,20 céntimos de euro el metro cúbico, sino para abastecer las redes públicas de suministro. No citó la planta de Torrevieja, paralizada desde el pasado día 29, pese a que está programada para dar agua a los 65.000 agricultores y regantes que dependen del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura (unos 40 hectómetros cúbicos). Aún no hay acuerdo tarifario.
Aniorte fue preguntado por este diario por su posición respecto a la planta de Torrevieja y la polémica suscitada entre la Administración central y autonómica. El presidente de Asaja dijo entonces que desconocía los motivos técnicos de la paralización (primero la Conselleria de Infraestructuras cortó los accesos y después la de Territorio pidió la paralización por cuestiones medioambientales). Aniorte califica la planta de «central nuclear» y de «bomba permanente», calificativos frecuentemente usados en las últimas semanas por el conseller Esteban González Pons. Ademas, dijo que «me parece una barbaridad que sea la más grande del mundo, porque puede hacer desaparecer muchas especies marinas por los vertidos de salmuera».
Consumo energético
El presidente de Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante dio por hecho que el caudal de la planta no será para regar, pese a que el Gobierno ha anunciado que será para riego y para suministro público de Canales del Taibilla, e instó a la ministra Narbona a que aproveche la paralización para diseñar y construir una planta más pequeña y con menos impacto ambiental. Aniorte exhibió otro argumento en contra: la planta «consumirá la mitad de toda la energía que necesita la Comunidad Valenciana».
«Ahora, ningún ecologista sale a criticar la planta, porque Narbona se los ha llevado a todos al Ministerio, a sueldo, y les ha tapado la boca», sentenció Eladio Aniorte, totalmente ajeno a los primeros indicios de aceptación de la desalinizadora de Torrevieja por los representantes de los 65.000 agricultores y regantes pertenecientes al trasvase Tajo-Segura en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, pese a no haber acuerdo tarifario todavía.
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) informó el pasado 28 de marzo de que proseguirá las obras de la desalinizadora de Torrevieja cuando «en los próximos días» se formalice el acuerdo del Consejo de Ministros de presentar un conflicto positivo de competencia a la Generalitat. De momento, el TC no se ha pronunciado.
El Consejo de Ministros de una semana antes acordó presentar un conflicto positivo de competencias a la Generalitat por su decisión de paralizar las obras de la desalinizadora de Torrevieja, al considerar que «interfiere en las competencias exclusivas del Estado sobre obras públicas de interés general».
Acuamed comunicó a la Generalitat su decisión de interrumpir las obras de la desalinizadora de Torrevieja, hasta que se formalizara el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros «a pesar de que considera que la Generalitat carece de competencias». La interrupción de las obras se debe, según la sociedad estatal, a la «finalidad de contribuir a la plena transparencia del proceso abierto en el Tribunal Constitucional».
El conseller de Territorio, Esteban González Pons, instó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a que «aproveche la paralización de esta infraestructura para negociar una nueva ubicación» de la desalinizadora. Acuamed afirma que el Consell intenta «obstaculizar el normal desarrollo de una actuación prioritaria y urgente por decisión de las Cortes Generales» y que está destinada a dar agua a más de 2,3 millones de ciudadanos y a 65.000 agricultores.
