La comisión Pro-Río no tiene pensado dejar que se olviden los casos de robos de agua que merman el caudal del Segura aguas arriba de la Vega Baja y que perjudican considerablemente a la agricultura y el medio ambiente de la comarca. Su portavoz, José Antonio Muñoz Grau, volvió ayer a la carga y afirmó que no va a descansar y que incluso se plantean recurrir tanto a la Audiencia Nacional como a los tribunales europeos para que se hagan cargo del asunto.
Esta decisión se toma después de años de lucha y de comprobar «que parece que en España no hay nadie que vaya a paralizar de manera cautelar un pozo que lleva 20 años robando agua», indicó.
Muñoz Grau anunció ayer que han remitido un informe al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que aparte de las investigaciones al titular del ministerio Fiscal en la vecina Región de Murcia, Manuel López Bernal. Según el portavoz de Pro-Río, el fiscal murciano «ha modificado un informe que en su día se remitió a Madrid en el que hay dos cambios importantes, por un lado se desinputan los pozos ilegales de la finca El Chopillo y por otro a los cargos políticos tanto del PP como del PSOE», dijo Muñoz Grau. En el documento original del 2004, redactado por el mismo responsable fiscal sí que se calificaba de ilegales los pozos del Chopillo y, por contra, no lo hace en el que hace sólo tres meses remitió de nuevo a la fiscalía de la capital de España.
Por ello, los ecologistas consideran que López Bernal, que ya era teniente fiscal con el gobierno del Partido Popular podría incurrir en un presunto delito de prevaricación por argumentar que la situación de los pozos del Chopillo «ya fue resuelta por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Murcia». Sin embargo el portavoz de Pro-Río indicó que esa sentencia no hablaba sobre la legalidad o no de esos pozos, «ya que lo que se juzgó es de si afectaba o no a una fuente, cosa que fue denunciada por un grupo de vecinos».
Desde Pro-Río no se explican este cambio de rumbo de las investigaciones ya que, salvo El Chopillo, el resto de las denuncias de pozos ilegales sigue su curso. Para Muñoz Grau, Manuel López Bernal «tiene perfecto conocimiento de la ilegalidad de las inscripciones a los pozos de la finca mediante informes efectuados por la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), donde se explica de forma pormenorizada que las inscripciones de dichos pozos son nulas de pleno derecho por haberse efectuado incumpliendo la Ley de Aguas».
A juicio del responsable de Pro-Río, quienes se benefician de las aguas que se extraen aguas arriba del Segura «son empresarios que están vinculados al gobierno del PSOE», por lo que argumenta que este es el motivo por el que se quiere dar carpetazo «a algo que ayer era un presunto delito».
