La sustracción de caudales, los pozos ilegales, la ausencia de contadores para el consumo, los vertidos contaminantes a los cauces y desagües, o desobedecer las órdenes de ahorro de agua, entre otros, son infracciones que pueden llevar aparejada una multa de hasta 300.000 euros (50 millones de pesetas). Esto representa una cuantía 50 veces superior a la actual, según la reforma de la Ley de Aguas que se propone aprobar el Ministerio de Medio Ambiente en el Consejo de Ministros del día 29.
Muchos de los expedientes sancionadores tramitados ahora por la Confederación del Segura entrarían en esta categoría, puesto que se trata de faltas tipificadas como leves. En el caso de las graves y muy graves, las cuantías ascenderán al millón y dos millones de euros, respectivamente, cuando en la ley actual son de 300.000 a 600.000 euros. La categoría de la infracción depende del daño causado al dominio público hidráulico. El montante de la sanción se graduará según el grado de malicia, intencionalidad y reincidencia.
El régimen de sanciones se ha endurecido considerablemente en el nuevo texto, que establece además nuevas tasas o incrementa la actuales, lo que ha recibido las críticas del Sindicato de Regantes del Tajo Segura y de la Federación Nacional de Regantes, que miran con recelo las consecuencias económicas del nuevo régimen económico y financiero.
Aprecian una afán recaudatorio que tendrá como consecuencia un encarecimiento indirecto del precio del agua. Para los regantes, estas modificaciones son tan importantes o más que el reparto de nuevas competencias entre las comunidades autónomas en los órganos de gestión.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Fuentes Zorita, precisó ayer que el nuevo régimen de sanciones es una propuesta que debe ser estudiada hoy por las comunidades en la Confederación Sectorial y después por el Consejo Nacional del Agua. «Está clara la voluntad del Gobierno de reforzar las sanciones», señaló.
Comentó que estas medidas van más dirigidas a los reincidentes y a los casos más notorios en los que el pago de la sanción representaba una mínima cantidad frente al beneficio final que se obtiene por el uso fraudulento de los caudales.
Aparte de las sanciones, la preocupación de los regantes se centra en los nuevos cánones y tarifas dedicados a compensar las inversiones de la Administración estatal, así como los gastos de conservación y explotación de las infraestructuras. En este sentido, se aplicará automáticamente al canon de regulación el IPC anual (antes se incorporaba cuando sobrepasaba el 6%). Asimismo, se establece una nueva tasa por costes medioambientales que no se cuantifica, pero que podría afectar a todos los caudales, incluidos los del trasvase Tajo-Segura. Esta tasa ya se propuso en el caso del derogado trasvase del Ebro, que establecía hasta cinco pesetas por cada metro cúbico derivado.
Asimismo, aparece otra tasa por prestación de servicios de 0,0002 euros por cada metro cúbico. En último lugar, se aplicará una tasa por el control y seguridad de los embalses, que afectará a las balsas de riego de más de 100.000 metros cúbicos. De éstas hay cuatro ó cinco en el Segura para los regadíos.
El presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, ha advertido de que la nueva tasa por consumo de agua (referida a los 0,0002 euros), supondrá 30 millones de euros para el regadíos español. Acusa al Ministerio de marginar a los regantes.
