Las denuncia por el sistema de pagos a través de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito considerándolos como un delito de «prevaricación continuada» interpuesta en abril del pasado año no fue sino la culminación de una continua batalla que ha mantenido la oposición contra el grupo de gobierno por ese sistema de pago, considerado «nulo de pleno derecho» por la Secretaria y el Interventor a lo largo de varios años y, de al menos, dos mandatos.
Ya en el 2002, el anterior portavoz del grupo municipal socialista, Joaquín Cos, denunciaba pagos de facturas de los años 1996, 97 y 98, «por valor de 68 millones (de pesetas), junto con otras con cantidades de entre 4 a 22 millones de pesetas» por ese sistema. Unas cantidades que edil recordaba eran «muy superiores a las 500.000 pesetas que autoriza la ley para hacer gastos que no hayan sido previamente licitados».
Antes de llevarlo a los tribunales, exactamente un año antes, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento convocaron un Pleno Extraordinario para tratar del asunto, a instancias del grupo municipal socialista. Fue un pleno agrio, en el que las posiciones de unos y otros se mantuvieron inamovibles y en el que una frase del edil de Hacienda sobre que los contratos se hacían «con las empresas habituales», hizo que los socialistas consideraran que era imprescindible la actuación de la Justicia. Sin embargo tardarían un año en presentar la denuncia ante los Juzgados.
Antes aún, en junio del 2005, los socialistas denunciaban a los medios algunas facturas abonadas por ese sistema, una de ellas acompañada por una fotocopia dirigida a la atención de uno de los acreedores con el texto: «Hola Manolo: aquí tienes el número de cuenta (y figuraba el nombre de una empresa). Anoche comentamos que te enviara también mi número de cuenta, pero creo que no es necesario. Además, de esta forma evito hacer movimientos extraños en mi cuenta personal».
El edil de Hacienda quitó importancia al asunto, asegurando que lo único que quería decir era que un acreedor facilitaba el número de cuenta. Y añadió que los socialistas se podrían encontrar «con que se pueda hacer alguna acción contra quienes hacen públicos documentos de uso interno del Ayuntamiento dándoselo a los medios». Aquella fotocopia fue objeto de un importante rifi-rafe entre el grupo socialista y el de Gobierno, aunque el asunto no paso de cruces de acusaciones.
El pago de diversos servicios a través del sistema denunciado, desde la limpieza del submarino Delfín, al pago de comidas del grupo de gobierno popular ha hecho correr ríos de tinta en los últimos años, y ha dado lugar a un sin fin de declaraciones. Ahora tendrá que ser la Justicia la que dictamine si ha habido algo irregular en un procedimiento que el edil Vera piensa que puede ser «la punta del iceberg de la caída judicial de los gobiernos de Hernández Mateo». En cualquier caso, será Justicia la que diga la última palabra.
