Diario Laverdad

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante, integrada por colectivos sociales y vecinales, ha interpuesto un recurso de reposición a la enajenación por subasta pública de la finca y estadio municipal de fútbol José Rico Pérez, según informaron ayer fuentes de esta entidad cívica.

El recurso es contra el acuerdo municipal, de 5 de febrero, por el que el Ayuntamiento de Alicante aprobó la enajenación, mediante subasta pública, de la citada finca municipal con obligación de destinarla a la práctica de fútbol de competición.

Esta iniciativa administrativa conlleva la petición de anular y dejar sin efecto el citado acuerdo, así como la suspensión de la ejecución del mismo por entender que se «incurre en nulidad de pleno derecho».

Para la PIC, el acuerdo municipal «incurre en desviación de poder y fraude de ley al perseguir un fin distinto del interés público».

Las citadas fuentes consideran que el expediente administrativo devuelve el estadio a la sociedad mercantil propietaria del Hércules «o de aquella que gestiona sus acciones, cuyos propietarios son bien conocidos», en referencia al constructor Enrique Ortiz.

«Se expresa claramente que es el Hércules el que obtiene todas las opciones para recomprar la instalación que mandó construir al comienzo de la década de los setenta y que vendió posteriormente al municipio», recoge textualmente el recurso.

Asimismo, este colectivo denuncia que un mes antes de que se publicara oficialmente el anuncio de subasta, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, informó a los socios mayoritarios del Hércules sobre el pliego de condiciones de la operación y donde al parecer se «pactaron nuevas condiciones».

La plataforma ciudadana considera que el precio estimado de «7,8 millones de euros» que se fija está por debajo del valor del estadio, «por lo que sigue vigente la posible acusación de malversación de bienes públicos».

Aligestión

Además, entiende que es «de dudosa legalidad» que la venta del estadio «se haga a una firma instrumental del Hércules, en concreto Aligestión», accionista mayoritaria de la sociedad, y lo atribuyó a que el hecho de que el club tenga «deudas con Hacienda y la Seguridad Social abren la posibilidad de que sus bienes sean embargados».

«El escándalo se hace más evidente», continúa el escrito de casación, ante el hecho de que el Hércules es deudor actualmente de impuestos municipales por una cantidad superior al millón de euros.

Por otra parte, la PIC sostiene que el acuerdo impugnado «carece de motivación suficiente» al no ser admisible la justificación dada para enajenar el estadio, «como es el mal estado de conservación y que el Ayuntamiento carece de presupuesto para su reparación».

Finalmente, afirman que el estadio «debe considerarse como una dotación de carácter público y, por tanto, inalienable».