El presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, Gaspar de la Peña, acusa a los responsables de la administración tributaria de no preocuparse por desarrollar la normativa que se aprobó en el 2003 para canalizar y reducir las quejas y reclamaciones. Esta «renuente» actitud ha provocado, según criticó, que la litigiosidad no sólo no haya mermado desde entonces, sino que incluso se haya incrementado.
Las duras críticas del defensor del contribuyente aparecen recogidas en la memoria 2005 de su organismo, que el Ministerio de Economía hizo publica ayer.
De la Peña apunta que la falta de interés de las autoridades puede ser fruto de «inercias administrativas» anteriores, de la «rígida» interpretación del contenido de la norma o de que están convencidas de su «incorrección o inutilidad».
También ataca al anterior equipo del PP, pues asevera que la regulación que elaboró es «absolutamente inadecuada» para reducir las protestas de los ciudadanos.
El presidente admite que todavía ha pasado poco tiempo para determinar hasta qué punto se alcanzan los teóricos efectos de reducción de la conflictividad fijados en la Ley General Tributaria de diciembre de 2003.
Pero se muestra muy pesimista. «Alguna de las normas citadas no son precisamente un ejemplo de lucidez jurídica y difícilmente puede tener lugar una correcta aplicación una norma que ha sido objeto de una mala regulación», asevera.
La actividad y gestión de los distintos organismos de la administración tributaria fue objeto de 8.349 quejas durante 2005, lo que supone un sustancial incremento del 26% respecto a las 6.617 del año anterior.
Además, el dato rompe la positiva evolución que se inició en 2002 (7.284 y una caída del 10,9%) y continuó en 2003 (6.617 y 9,1%). Hacienda tomó en consideración el 52,8% de las protestas.
