Treinta técnicos del Ministerio de Hacienda rastrean, sólo en lo que atañe a su repercusión en la Comunidad Valenciana, el entramado de fraude en el pago del IVA desmantelado por la Agencia Tributaria y el Cuerpo Nacional de Policía. Así lo expuso ayer el presidente de los técnicos financieros de la Agencia Tributaria en la autonomía valenciana, José María Mollinedo, en declaraciones a Ràdio Nou.
Este cuerpo de inspectores supervisa toda la documentación requisada con el fin de determinar el alcance del engaño en la Comunidad. Fuentes de la Agencia Tributaria confirmaron ayer que en la Comunidad Valenciana se han practicado, hasta el momento, cuatro de los 45 arrestos efectuados en todo el país.
Al menos dos de esos cuatro apresamientos tuvieron lugar en la provincia de Alicante. Al parecer, se trata de personas que habrían actuado como testaferros de empresas pantalla para favorecer la defraudación a través del impuesto del IVA, según las fuentes consultadas.
La Audiencia Nacional se hará cargo en los próximos días de la llamada operación Medina, en la que se ha puesto al descubierto una trama que podría haber eludido el pago de cerca de 400 millones de euros. Las actuaciones se centran en nueve comunidades autónomas, sobre todo, en Madrid, Cataluña y Canarias.
Según el último saldo provisional, ofrecido ayer viernes por el Ministerio de Economía y Hacienda, el número de detenidos asciende a 45 mientras que el de registros llega a 38, si bien ambas cifras podrían aumentar en las próximas horas dado que la Policía Judicial aún no ha cerrado sus actuaciones, que podrían extenderse a otros países. Aunque Hacienda sostiene que «ya se han adoptado medidas cautelares» para asegurar el cobro de las deudas descubiertas, lo cierto es que se desconoce el montante total del centenar de cuentas embargadas por orden judicial en 22 entidades financieras de distintas provincias. Algunas fuentes apuntan que no se trata de cantidades importantes.
Un centenar de empresas
Lo que, en principio, no hay son propiedades incautadas, pese a que la operación se ha dirigido contra un centenar de empresas que operan en el sector de los componentes informáticos y de la telefonía móvil, entre ellas la castellano-manchega Infinity System (dueña de la firma de ordenadores Airis, la quinta del mercado nacional) y la aragonesa Meflur.
Entre los detenidos, once lo fueron en Madrid, nueve en Andalucía, siete en Canarias (una de las bases de los presuntos defraudadores al gozar de ciertos privilegios fiscales por su insularidad), seis en Cataluña, cinco en Aragón, cuatro en la Comunidad Valenciana, uno en Asturias, otro en Castilla-La Mancha y uno más en el País Vasco.
Entre las personas arrestadas se encuentran los tres posibles cerebros de la red, todos españoles y uno reclamado por la justicia de otros países europeos por hechos parecidos. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón acordó ayer retirar el pasaporte al propietario del grupo Meflur, Bernabé Noya, uno de los detenidos, al apreciar riesgo de fuga. Noya quedó en libertad con cargos tras prestar declaración.
