Las dos organizaciones que han suscrito con el Gobierno el proyecto de Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, han pedido por escrito a los grupos parlamentarios la introducción en el texto de una serie de mejoras. La Federación Nacional, conocida bajo las siglas ATA, y la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a UGT, reclaman que el emprendedor pueda contratar como asalariados a los hijos que convivan con él; que las cotizaciones cubran los accidentes in itinere; y que la posibilidad de pagar a la Seguridad Social por jornada reducida se extienda a más colectivos.
ATA y UPTA plantean también en su escrito la necesidad de que la jubilación parcial de los autónomos sea similar a la establecida para los asalariados. El proyecto contempla este tipo de retiro exclusivamente para las actividades tóxicas, peligrosas o penosas.
La negociación del documento ha costado más de un año de reuniones y entrevistas. La futura norma afectará a 3,3 millones de trabajadores, y su entrada en vigor está prevista para el verano de 2007.
En su redacción también ha participado la Confederación Española de Autónomos (CEA), asociada a CEOE, que rechaza determinados artículos. Esta organización se opone a que el Estatuto cubra a los transportistas y agentes de seguros; que los litigios del autónomo económicamente dependiente se resuelvan en el ámbito de la jurisdicción social, en lugar de en los tribunales civiles; y que el sistema de cobertura de desempleo sea de carácter obligatorio.
El responsable de UPTA, Sebastián Reyna, quitó importancia a las desavenencias y resaltó que el único foro público y oficial en el que CEOE ha tenido que respaldar el anteproyecto lo ha hecho, si bien con ciertas objeciones. En este sentido, recordó que la patronal votó a favor del dictamen emitido por el Consejo Económico y Social (CES).
Precisamente este informe introdujo una variación importante sobre la cobertura de desempleo. Los consejeros recomendaron que el sistema de paro (cese involuntario de la actividad) que se cree tenga rango de ley, medida que ha prosperado. Reyna reconoció que esta modificación retrasará la puesta en marcha de la prestación, pero aseguró que no varía para nada la esencia del proyecto.
Otra de las demandas de ATA es la presencia de los autónomos como colectivo específico en el CES, petición a la que UGT y CCOO se oponen. Los dos sindicatos mantienen que los trabajadores por cuenta propia ya están suficientemente representados en el Consejo a través de diversos profesionales.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló tras el Consejo de Ministros que el Estatuto pone «punto final» a discriminaciones arrastradas desde hace mucho tiempo. Destacó que las microempresas son un motor muy importante del desarrollo económico de España y la futura norma representa «un firme impulso a este tipo de sociedades».
A su juicio, los contenidos más relevantes del proyecto de Ley son la definición del autónomo; el establecimiento de un catálogo de derechos y deberes; la regulación de la prevención de riesgos laborales; el régimen profesional del autónomo económicamente dependiente; y la creación de un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo. Igualmente, señaló que la futura norma prevé medidas de fomento del empleo dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, y favorecer el trabajo por cuenta propia mediante una política fiscal adecuada.
