Miércoles, 8 de noviembre de 2006
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MADRID / El CGPJ expedienta a la juez de Dénia que se negó a celebrar una boda gay
Considera que pudo cometer una falta grave y otra leve por el escrito enviado a Cabedo contra el fiscal López Coig
MADRID / El CGPJ expedienta a la juez de Dénia  que se negó a celebrar una boda gay
Laura Alabau. / L. V.
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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por la tarde, por tres votos frente a dos, abrir expediente disciplinario a la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia, Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, por la posible comisión de una falta grave y otra leve por el escrito enviado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, contra el teniente fiscal, José María López Coig, y en el que criticaba a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

El expediente le ha sido abierto, como proponía el Servicio de Inspección, por la posible comisión de una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones locales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición) y una falta leve del artículo 419.2 de dicha ley (desconsideración con miembros del Ministerio Fiscal). La falta grave puede penarse con multa de hasta 3.000 euros.

El acuerdo se ha producido con los votos a favor de las vocales de la minoría progresista Monserrat Comas y María Ángeles García y del independiente Agustín Azparren. Los vocales de la mayoría conservadora Enrique Míguez y Carlos Ríos han votado en contra de la apertura del expediente.

La Disciplinaria del 27 de septiembre decidió por tres votos a favor y dos en contra abrir diligencias informativas a la juez Alabau para determinar si la decisión de que dicho escrito se distribuyera a la prensa partió de la propia juez investigada. El ponente del caso, Azparren, convenció a los miembros de la comisión partidarios de archivar las actuaciones, Ríos y el portavoz Enrique López, quienes votaron a favor de la apertura de diligencias informativas.

En concreto, López era partidario del archivo al entender que en este caso se tenían que tener en cuenta todos los antecedentes, como la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y las declaraciones políticas realizadas sobre la propia juez.

Escrito a los medios

La vocal de la minoría progresista Montserrat Comas y Alfons López Tena, nombrado a propuesta de CiU, entendían que debía abrírsele ya expediente disciplinario, tal y como había propuesto el Servicio de Inspección. Después de que el Gabinete de Prensa del TSJCV confirmara que la juez Alabau había pedido que se difundiera el escrito que había enviado al fiscal jefe, la Disciplinaria ha optado por abrirle expediente.

En su escrito, que se remitió a los medios de comunicación, Laura Alabau pidió el 24 de mayo al fiscal jefe del TSJCV que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Tras la aparición de algunas informaciones, en las que se decía que Alabau tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre homosexuales, y las declaraciones de López Coig al respecto, la juez envió a Ricard Cabedo un escrito en el que pedía la retractación del fiscal y mostraba su «preocupación» porque «esa información la ha proporcionado un miembro Ministerio Fiscal».

En el escrito, aseguró que «todos los expedientes están resueltos mediante auto» y que «las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia», aunque sí destacó que la situación del registro hace que «el único que conoce» su trámite sea el funcionario titular, de modo que «en los ocho días en los que éste estuvo atendiendo la guardia, el registro estuvo prácticamente paralizado». A la juez le llamó «la atención» que el fiscal «nunca se haya interesado por el Registro Civil y lo haga sólo respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales».

 
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