Martes, 31 de octubre de 2006
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Narbona propone penalizar el gasto de agua superior a 60 litros diarios
La titular de Medio Ambiente pide a los ayuntamientos que diseñen varios tramos para la tarifa Quiere modificar la Ley de Aguas para «incentivar el uso eficiente»
El Ministerio de Medio Ambiente propondrá que se establezcan diferentes tramos en la tarifa del agua y que se grave el consumo cuando sea superior a 60 litros por persona y día, con el fin de incentivar la utilización eficiente de este recurso.

La titular de este departamento, Cristina Narbona , trasladó ayer esta sugerencia al Consejo Nacional del Agua, donde defendió varias modificaciones de la Ley de Aguas, entre ellas la posibilidad de aplicar diferentes tipos de tarifa para estimular el uso responsable del agua.

Observó, en declaraciones a los periodistas, que algunos ayuntamientos han fijado ya tarifas diferentes para incentivar el ahorro de agua y abogó porque ése sea «un principio en nuestra legislación de común aceptación».

Narbona cifró en 60 litros por habitante y día el consumo de agua potable que las administraciones públicas deben facilitar a los ciudadanos «en condiciones asequibles desde el punto de vista de las tarifas del agua» e insistió en que esas tarifas deberían contribuir a desincentivar el consumo excesivo de agua.

A su juicio, el nuevo Código Técnico de la Edificación facilitará la aplicación de este tipo de medidas y recordó que éste prevé que en todos los nuevos edificios se incorporen aplicaciones técnicas que propicien el ahorro de agua.

La ministra adelantó además la intención de su departamento de aprovechar la futura modificación de la Ley de Aguas para aplicar el principio de recuperación de costes previsto en la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.

Esta Directiva, que deberá estar en vigor en 2010, prevé que sobre el coste del agua se repercuta el precio de las infraestructuras hídricas que se realicen.

La ministra aseguró que este principio puede ser compatible con algunas excepciones «justificadas», de forma que algunos sectores o usuarios pudieran ser eximidos de sufragar el coste de las obras hídricas que se construyan en el futuro.

El Consejo Nacional del Agua conoció además la propuesta del Ministerio de reformar este órgano consultivo y de limitar la representación del mismo a las organizaciones profesionales y económicas, a los sindicatos, a la patronal y a las organizaciones no gubernamentales del ámbito medioambiental. Cristina Narbona justificó la salida de los representantes de las administraciones públicas de este órgano y de que el protagonismo recaiga exclusivamente sobre la «sociedad civil».

A su juicio, los representantes de las administraciones públicas se limitan en el Consejo Nacional el Agua a refrendar con su voto lo que hacen sus respectivas administraciones.

La ministra defendió la oportunidad de modificar el Consejo y de crear la Conferencia Sectorial del Agua, en la que tengan cabida el Gobierno y las comunidades autónomas para tratar específicamente asuntos relacionados con la política del agua.

El Consejo analizó, además de las modificaciones de la Ley de Aguas, el borrador del real decreto que fijará el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y el borrador de decreto de reutilización de las aguas depuradas. Dentro de la modificación de la vigente Ley de Aguas, el Ministerio de Medio Ambiente planea regular la utilización y los controles de las aguas subterráneas, que abastecen a un tercio de los municipios españoles y riegan un millón de hectáreas de cultivo.

Depuración

Respecto a la reutilización de aguas depuradas, los responsables del Ministerio destacan la potencialidad de este recurso, sobre todo en zonas costeras y en otras que sufren «estrés hídrico», ya que, según los cálculos de este departamento, el volumen de agua que cada año se podría reutilizar podría rondar los 1.200 metros cúbicos.

El director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, consideró que lo más importante de la reunión de ayer del Consejo Nacional del Agua fue «lo que no se va a tratar» y lamentó que este organismo no debata sobre nuevas medidas para satisfacer el déficit hídrico que padece la cuenca del Segura.

Cifró en seis hectómetros cúbicos el agua útil almacenada en los embalses del Segura, y advirtió de que tienen que atender 266.000 hectáreas de regadío y casi tres millones de personas, «y no tenemos soluciones», dijo.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el envió de 12 hectómetros cúbicos desde la cabecera del río Tajo con destino a los abastecimientos de Alicante, Murcia y Almería.

 
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