Dos meses y medio han transcurrido desde que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el informe con las alegaciones sobre el Plan Rabasa. Se ponía fin a la tramitación municipal del programa de actuación integrada, al margen de la posterior gestión de los proyectos de reparcelación y urbanización, que sólo serán revisados por el Consistorio si la Conselleria de Territorio y Vivienda da luz verde de manera definitiva a la propuesta adjudicada inicialmente a Viviendas Sociales del Mediterráneo, es decir, al Grupo Ortiz.

El tiempo transcurrido desde la celebración de aquella polémica sesión ha sido el necesario, según fuentes municipales, para fotocopiar el grueso del proyecto antes de enviarlo a las administraciones que deben informar sobre el mismo. No se trataba sólo de reproducir la documentación que ya se manejaba en la Gerencia Municipal de Urbanismo, sino que el adjudicatario debía remitir las copias de los planes concretos que ha tenido que incorporar durante el periodo de alegaciones. Los originales de estos estudios, entre ellos el de tráfico, ya estaban en manos municipales cuando se aprobó la propuesta con las alegaciones admitidas y rechazadas.

Según consta en el Registro de Urbanismo, el servicio de Planeamiento y Gestión de la mencionada Gerencia tramitó el pasado día 25 el envío de hasta siete copias. Los destinatarios son cinco consellerias de la Generalitat Valenciana y dos administraciones dependientes del Gobierno central. Es decir, deben emitir los preceptivos informes las consellerias de Medio Ambiente, Infraestructuras y Transportes, Educación, Sanidad e Industria, ésta en lo que se refiere al Servicio de Comercio. Completa el trámite el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y es precisamente aquí donde el Plan Rabasa se juega su futuro.

Los diversos opositores al proyecto promovido por el Grupo Ortiz y avalado por la mayoría municipal del grupo de gobierno popular están convencidos de que las necesidades de agua recogidas en la propuesta no serán asumidas por la Confederación. Confían en que este informe sea un freno para que la Conselleria de Territorio pueda certificar la aprobación del plan. Entre quienes se oponen abiertamente al Plan Rabasa barajan otro obstáculo, más contundente que el anterior: que cambie el gobierno de la Generalitat, de forma que un nuevo Consell, en manos socialistas, aunque sea en coalición, rechace la construcción de las proyectadas 15.000 viviendas, 9.000 de las cuales serían de protección.

Darse prisa

De ahí que estos grupos, entre ellos el propio PSOE, teman que las administraciones populares implicadas ahora en la fase de informes se den prisa para que la Comisión Territorial primero y el conseller de Territorio después del el visto bueno al Plan Rabasa antes de las elecciones, previstas para finales de mayo del próximo año.

Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se explicaba ayer a este diario que el Ayuntamiento ha seguido con el Plan Rabasa los mismos trámites que con cualquier otro proyecto urbanístico. Recuerdan que es ahora, y no antes, cuando se ha enviado la documentación a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este organismo llegó a advertir a Urbanismo con acciones legales si no le enviaban el plan.