Cada día crecen los interrogantes sobre el diálogo con la banda terrorista. El personal anda inquieto y desasosegado porque no alcanza a adivinar cuál será la oferta que va a hacer el Gobierno a los etarras, para que cesen definitivamente en su actividad delictiva, mientras que éstos sí expresan sus pretensiones con absoluta claridad y contundencia: se les puede acusar de muchas cosas, pero no de veleidosos ni de ambiguos. Ellos siguen, erre que erre, con sus aspiraciones de siempre, por las que tanto sufrimiento han causado a la sociedad y que, ni aún maquilladas o descafeinadas, resultarían digeribles para una gran parte de la ciudadanía, ni cabrían en el marco del Estado de Derecho. Quizá los gobernantes tengan indicios de que los terroristas estén dispuestos a convertirse en honrados ciudadanos, a cambio de nada. Ojalá sea así, pero, de momento, no se les percibe muestra alguna de arrepentimiento, ni de claudicación, sino todo lo contrario.

No sabemos si el Gobierno va a conducir con acierto lo que llama, con curiosa terminología, «el proceso de paz». En lo que sí parece estar actuando con suma torpeza es, dicho sea en términos castizos, en lo de «vender la burra». Por una parte se repite, hasta la saciedad, que no se va a pagar precio político, ni habrá autodeterminación, ni Navarra será moneda de cambio y que se mantendrá la Ley de Partidos, pero, por otro lado, se advierten demasiados guiños de condescendencia hacia los criminales y sus portavoces. Aparte de otros muchos detalles, esta misma semana se ha escenificado una reunión entre socialistas vascos y representantes de Batasuna, tan sólo para pedirles que se vuelvan buenos y entren en la legalidad, lo cual se les podría haber dicho por carta certificada, con acuse de recibo. Pero es que, a poco de terminar la entrevista, va el Sr. Blanco y se descuelga diciendo que «se podrá dialogar sobre la autodeterminación». Además, cierta prensa antigubernamental lanza terribles acusaciones de connivencia entre miembros de la Policía y la organización terrorista, sin que se procese a los periodistas, por calumniadores, ni se depuren responsabilidades, políticas y penales, en caso de ser verdad. Lo peor es que, ante datos tan preocupantes, se va instalando en muchas conciencias la horrorosa sospecha, una hipótesis espeluznante de la que no consta, de momento, ninguna prueba y que repugna a cualquier conciencia honrada; pero hay gente, demasiado aficionada a las novelas policiacas, que cree poder resolver cualquier enigma criminal, averiguando a quién aprovecha (qui prodest?). Por el bien de todos, convendría que el Gobierno no diera el más mínimo pábulo a estas elucubraciones. No sólo hay que ser honrado, sino parecerlo. No basta que el presidente diga que marcharemos francamente, y él el primero, por la senda constitucional: esto ya lo dijo Fernando VII y luego hizo lo que hizo.