La reunión entre Patxi López y Rodolfo Ares, por un lado, y Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria, por el otro, oficializó ayer el prolongado período de contactos que dirigentes socialistas vascos han venido manteniendo con líderes de la izquierda abertzale a lo largo de los últimos años. La brevedad del encuentro y su falta de novedades vinieron a confirmar que se trataba de ritualizar la rehabilitación de facto de una organización política que mantiene sus actividades suspendidas por orden judicial y su propia existencia declarada fuera de la ley por los tribunales. El auto del juez Garzón, desestimando la demanda presentada para que impidiera la celebración de la reunión, había añadido a ese reconocimiento formal de la interlocución radical un cierto aval judicial considerando que la cita trataba de «evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose». Es de desear que las querellas anunciadas al término del encuentro den pie a resoluciones judiciales que esclarezcan al máximo los hechos desde el punto de vista legal. Pero esta anómala situación, en la que la diferenciación entre lo lícito y lo ilícito ha dependido hasta ahora de criterios cambiantes, podría comportar serios perjuicios para la coherencia en que ha de desenvolverse el Estado de derecho si la izquierda abertzale no se deshace con prontitud del lastre que supone Batasuna y se compromete colectivamente en recuperar la legalidad sometiéndose a lo dispuesto en la Ley de Partidos. En cualquier caso, resulta una exageración concluir -como lo han hecho los dirigentes del PP- que el hecho mismo de la reunión signifique «pagar un precio político» inaceptable para la democracia, o incluso «la rendición del Estado de derecho». No, si los socialistas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero evitan dejarse enredar por la agenda que tanto a ETA como a la izquierda abertzale les gustaría imponer, además, en forma de negociación política.

La cara amable que Arnaldo Otegi decidió ofrecer ayer no puede hacer olvidar lo acontecido hasta la fecha. Continúa siendo un sarcasmo que Otegi realce el carácter «civilizado y democrático» del diálogo mantenido con los dos dirigentes del PSE-EE o que sea él quien abogue por un acuerdo «de justicia y paz». Porque cuando los dirigentes de la izquierda abertzale ponen como condición ineludible para la resolución del conflicto la autodeterminación de Euskal Herria están evocando y, por tanto, justificando la eventualidad de que ETA vuelva a cometer atentados si sus exigencias no se ven cumplidas. Esa fue la causa que condujo a Batasuna a su ilegalización; una amenazante sombra que sólo desaparecerá cuando la izquierda abertzale acuda al registro de asociaciones con unos estatutos que expresen con total claridad que nada puede justificar la violencia.

La izquierda abertzale no ha cambiado un ápice de sus planteamientos maximalistas en sus veintiséis años de existencia. Tampoco desde que ETA hiciera público su alto el fuego. Su inmovilismo no sólo imposibilita el entendimiento de los demás partidos con la formación radical, incluso en el caso de que ETA continúe sin atentar; sobre todo alimenta el escepticismo presente en la sociedad. Porque la ausencia de violencia física, que es percibida con alivio, queda atenuada por la perpetuación de un discurso con un trasfondo de coacción. En contraste con el deseo expuesto por Patxi López, quizá resulte excesivo pretender que la izquierda abertzale deje de ser «parte del problema» y pase a ser «parte de la solución». Quizá sea más sensato aspirar a que la izquierda abertzale deje, simplemente, de ser un problema. Porque las soluciones que insiste en aportar Batasuna están tan alejadas del denominador común que precisa todo sistema democrático, del punto de coincidencia al que razonablemente puede aspirar la sociedad vasca, que en ningún caso podrían formar parte del eje vertebrador de un acuerdo estable y duradero para la convivencia y el autogobierno.

Tras el anuncio de un alto el fuego permanente, tanto los dirigentes socialistas como los portavoces del EBB se aprestaron a señalar que las eventuales conversaciones con ETA deberían mantenerse escrupulosamente separadas, en el tiempo y en su contenido, del diálogo político entre los partidos. Se trataba de garantizar que ni directa ni indirectamente la banda terrorista condicionara el diseño del futuro político del País Vasco. Sin embargo, esa distancia ha ido acortándose peligrosamente. El ventajismo que supone demandar cambios drásticos del orden constitucional y estatutario a cuenta de la eventual renuncia de ETA al terror comporta una insoportable carga para el sistema de libertades y un dolorosísimo mensaje para quienes más han padecido y padecen los efectos de la violencia. Algo que el Gobierno de Rodríguez Zapatero deberá tener en cuenta para impedir que el deseable final del terrorismo se cobre un precio inducido por el oportunismo de quienes identifican el proceso de paz con sus particulares aspiraciones. Recientemente, el lehendakari Ibarretxe ha situado el derecho a decidir como una cuestión innegociable, señalando que lo susceptible de negociación sería su concreción práctica. Su lógica olvida intencionadamente que el derecho a decidir se viene ejerciendo en Euskadi desde que en junio de 1977 se restableció la democracia en España. Y ha sido precisamente la concreción práctica de ese derecho el objeto de los acuerdos y desacuerdos que en materia política se han dado desde entonces. Algo que ETA y la izquierda abertzale continúan negando, sin más. Algo que el nacionalismo gobernante no debería olvidar tan fácilmente.