Alicante se sitúa a la cabeza del país, junto a La Coruña, como la provincia que menos cuida y más agrede su litoral, con un total de veintidós puntos negros en otros tantos municipios, según denunció ayer la organización ecologista Greenpeace al hacer público en su informe nacional Destrucción a toda costa 2006.

«Pretendemos denunciar el modelo territorial insostenible que hay en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana», declaró a La Verdad el director de Campañas de la citada organización, Mario Rodríguez, para quien «existe un importante problema de especulación y de presunta corrupción, aunque gracias a Dios esta situación es irreversible porque los políticos actuales no van a ser vitalicios en sus cargos». Aunque reconoce el portavoz de Greenpeace que «la degradación urbanística costera va en aumento», admite que «también son más cada vez los movimientos ciudadanos que gritan ¿basta ya. Parece que la gente y la Justicia empiezan a despertar, por fin».

Pero el panorama actual que denuncian los ecologistas saca los colores a la Comunidad Valenciana en general y a Alicante en particular. El citado informe señala que las agresiones en el conjunto de las tres provincias autonómicas se concretan en casi 365.000 nuevas viviendas, casi medio centenar de campos de golf, una treinta de presuntas corrupciones urbanísticas, doce proyectos de puertos deportivos para casi 7.000 amarres y 21 localidades que hacen vertidos en su zona litoral. «Hay una falta de acción política para proteger de forma efectiva el litoral alicantino, pese al amplio consenso ciudadano sobre el alto grado de degradación del entorno costero», señala el documento, que sitúa a la Comunidad Valencia, y Andalucía, «como las que menos cuidan su litoral», advirtiendo de que «durante los últimos cinco años se ha construido en la costa valenciana tanto como en toda su historia».

Corrupción

Greenpeace ofrece como ejemplo las 364.500 nuevas viviendas aprobadas en el último año «en la mayor parte de los casos a través de planes de actuación integrada (PAI) creados como excepciones a los PGOU, que han pasado a ser la figura más d estacada del urbanismo valenciano». Y asegura que de cada 100 euros producidos en la Comunidad, 26 corresponden al sector de la construcción e inmobiliario (10 euros por encima de la media nacional).

Además, los ecologistas dejan claro que «los casos de corrupción urbanística o sentencias contrarias a la urbanización se repiten en el litoral de Alicante y resto de la Comunidad y que la Justicia investiga un centenar de casos que involucran a alcaldes y concejales de todos los colores políticos».

En este sentido detectan que Alicante tiene 21 puntos negros (bien por anomalías urbanísticas, construcción de campos de golf o puertos deportivos, denuncias de corrupción o puntos contaminantes), a la cabeza del país por detrás de La Coruña, y que la Comunidad ocupa, con 30 causas abiertas o sentencias contrarias a urbanizaciones, el primer puesto de todo el litoral español «destacando como más relevante Orihuela (con una treintena de casos en dieciséis causas), Torrevieja (donde el fiscal anticorrupción investiga los movimientos bancarios del alcalde), y Terra Mítica. Pero no son los únicos», señalan.

La lista negra de atentados litorales se engrosa con las infraestructuras portuarias «densamente repartidas por esta costa y que siguen aumentando en número y en daños al medio litoral, a pesar de ser una zona cada vez más afectada por la erosión que provocan las barreras que impiden la llegada de sedimentos». Y en el capítulo de contaminación reseñan los municipios de Teulada, Elche, Santa Pola y Pilar de la Horadada como exponentes de «depuración insuficiente de aguas residuales, evidenciando que, a pesar de que las playas y costas siguen siendo utilizadas como principal reclamo turístico, no existe un interés real en su conservación».

Urbanismo arrollador

Considera la organización ecologista que lo que denomina «urbanismo arrollador» tiene su máximo exponente en la legislación urbanística en vigor en la Comunidad Valenciana. «La ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ha supuesto durante sus diez años de aplicación la urbanización de 120 millones de metros cuadrados, con cerca de otros cien millones en proceso de sucumbir bajo el ladrillo», señala.

Y aseguran que tanto en Alicante como en Valencia y Castellón «se ha recalificado suelo para triplicar los niveles actuales de urbanización. Tanto, que en diciembre el Parlamento Europeo condenó tajantemente las prácticas auspiciadas por dicha ley denunciando la falta de transparencia, los métodos leoninos de expropiación y la ausencia de definición clara del concepto «interés público. La citada LRAU fue sustituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que también ha sido expedientada por la Comisión Europea el pasado abril por perpetuar las irregularidades de su predecesora», apuntan.

Recuerda Greenpeace que «justo antes de la desaparición de la LRAU se presentaron 93 planes de actuación integrada para recalificar 55.000 hectáreas», destacando el Plan Rabasa «que plantea la urbanización de 4,6 millones de metros y construir 15.000 viviendas», y el PAI de San Miguel de Salinas «actualmente en revisión y que abarca 21 millones de metros para construir 50.000 viviendas a pesar de que se está revisando el PGOU. «Esta política llevada a cabo por la Comunidad Valenciana ha sido criticada incluso por la Confederación de Empresarios, que entienden que la excesiva dependencia del ladrillo enmascara una peligrosa ausencia de políticas industriales, que tan sólo suponen el 2% del PIB valenciano», según el informe.

Greenpeace arremete también contra el Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad, «instrumento que complementa a la ley urbanística para terminar de cementar la costa y apuesta por seguir el modelo de Benidorm», y asegura que «la construcción va de la mano del turismo, usado como justificación para casi cualquier proyecto, pese a que las cifras que de la industria turística descienden a consecuencia de la masificación y la decreciente calidad ambiental que ofrece el litoral alicantino y del resto de esa autonomía. Por último, destaca que, pese a la escasez de los recursos hídricos, «la Comunidad Valenciana ha presentado este año 48 nuevos proyectos para campos de golf».