Las viviendas concertadas son un invento de vivienda de protección oficial encarecida en un 25% para hacerla mucho más atractiva, sobre todo para las empresas mixtas participadas por la Generalitat. Asegura el Consell que los más desfavorecidos económicamente seguirán disponiendo (es un decir) de las viviendas de protección oficial normales (VPON), mientras que los que tengan rentas un poco más elevadas, que solían quedar fuera de la lista de quienes se beneficiaban de las VPO, podrán acceder a las concertadas, que denominaremos VPOC.

Hasta ahora lo que más conocíamos era la enseñanza privada concertada, fruto de un concierto entre los centros privados y la Generalitat. Lo bueno de la enseñanza concertada es la lista de espera, lo que significa que los padres la bendicen. Eso mismo es lo malo, ya que no todos los que desean acceder a sus aulas lo consiguen, entre ellos muchos hijos de inmigrantes. Los sindicatos docentes se quejan de la casi absoluta ausencia de plazas para niños extranjeros en la enseñanza concertada. No es un problema menor, sino de bastante calado y que alguna vez debería ser abordado en profundidad para resolverlo.

El inspector de las VPOC fue el ex conseller de Territorio y Vivienda (también ex del PSOE), Rafael Blasco, que desde hace un par de meses es el titular de la Conselleria de Sanidad. Le ha sucedido al frente de Territorio y Vivienda el anterior conseller portavoz del Consell, Esteban González Pons. Con Pons, dicen, mejorará la imagen del Consell en asuntos medioambientales, imagen que se había deteriorado hasta extremos increíbles en el Parlamento Europeo y la UE, aunque es preciso reconocer que hubo una mano negra que trabajó contra la Comunidad Valenciana golpeando al PP mientras no se denunciaban, igualmente, situaciones urbanísticas similares en las autonomías catalana y andaluza, así como en otras regiones europeas.

Pero volvamos a las VPON y a las VPOC. La Conselleria de González Pons creen en la conveniencia de que haya ambos tipos de vivienda. Ciertamente, parecen compatibles. Con ambos frentes se puede prestar un gran servicio a las economías débiles en un sector de vital importancia. Aunque ya sabemos que se vigila para que no haya fraude, existe el temor, e incluso la certeza, de muchos ciudadanos de que se producen algunas irregularidades.

Blasco y Pons se han comprometido a que las empresas mixtas construyan 64.000 viviendas protegidas hasta el 2007. Sería no sólo bueno, sino de estricta justicia que el Consell cumpla con este compromiso y que dé cuenta exacta, antes de las elecciones, del grado de cumplimiento. Porque, si se cumple la palabra dada, los ciudadanos se lo premiarán, pero si no, los electores lo demandarán en las urnas.