La declaración judicial de los 30 detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya, contra la corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Marbella, concluyó ayer con prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para diez personas y libertad con cargos para otras once. Además, el juez Miguel Angel Torres ha dejado en libertad al director comercial de la promotora Aifos, Franciso García Lebrón, informaron fuentes jurídicas, que no precisaron si le impuso fianza y si está o no imputado.

Entre los detenidos que tuvieron que abonar fianzas para quedar libres están seis empresarios -constructores y promotores, algunos con gran actividad en Andalucía-, tres de los cuales han pagado las mayores fianzas, 500.000 euros cada uno, los constructores José Ávila Rojas y Emilio Miguel Rodríguez Bugallo, y el promotor murciano Tomás Olivo. También depositaron grandes cantidades el promotor cordobés Rafael Gómez Sánchez y el constructor abulense Enrique Ventero, 300.000 euros en cada caso, mientras el promotor inmobiliario de la Costa del Sol Cristóbal Peñarroya debió abonar 30.000 euros. Sobre todos ellos pesa la misma imputación, un delito de cohecho.

Segunda declaración

El director comercial de la promotora Aifos, Francisco García Lebrón, quedó ayer de madrugada en libertad tras declarar por segunda vez ante el instructor del caso, Miguel Angel Torres, que habría revocado un primer auto en el que, según fuentes jurídicas, ordenaba su ingreso en prisión incondicional.

García Lebrón pidió comparecer ante el juez de nuevo cuando aún no había abandonado el juzgado hacia la prisión y durante una hora fue asistido por una abogada de oficio después de que en la primera declaración contara con un letrado privado. Antes de esta segunda declaración, el ejecutivo tuvo que ser atendido de una crisis de ansiedad por un equipo sanitario de emergencias, en el juzgado.

El constructor y ganadero Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, fue encarcelado en esta segunda fase del caso Malaya y se le imputa un delito de cohecho en relación con tráfico de influencias y prevaricación, según fuentes de la defensa.

Los ex ediles en prisión incondicional son cinco, elegidos por el Grupo Independiente Liberal (GIL) y que fundó el fallecido ex alcalde marbellí Jesús Gil: el ex capitán del Atlético de Madrid Tomás Reñones, Rafael González, José Luis Fernández, Rafael Calleja y Vicente Manciles. También María José Lanzat, suspendida de militancia del PA al ser encarcelada, y José Jaén, expulsado del PSOE al apoyar la moción al ex alcalde Julián Muñoz.

Cohecho y blanqueo

La misma imputación de San Román pesa sobre cinco de los ex concejales (Reñones, González, Fernández, Manciles y Lanzat), Calleja tiene supuestos delitos de prevaricación y cohecho y Jaén una imputación de cohecho, según fuentes jurídicas. El juez también impuso fianzas a dos ex ediles de Marbella, María del Carmen Revilla -elegida en el GIL- de 30.000 euros por supuesto delito de cohecho y Belén Carmona -expulsada del PSOE de 4.000 euros por delito continuado de cohecho.

Tuvieron que depositar fianzas dos arrestados relacionados con la corporación municipal de Marbella, Salvador Gardoqui y Sergio Santana, el primero de ellos de 12.000 euros y que tiene como cargos supuesto blanqueo de dinero.

Quedaron en libertad sin fianza tres empresarios, Ignacio y Manuel Ignacio González Sánchez-Dalpy Gonzalo Fernández-Castaño y con cargos están cuatro ex concejales (Antonio Luque, Francisco Javier Lendínez, Emilio Jorrín y Miguel Jiménez), los empresarios Francisco Aranda y Carmel Armenta; el ex jefe de la Policía LocalRafael del Pozo, con imputación de cohecho, y el ex secretario del Ayuntamiento Leopoldo Barrantes.