La Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC) entró ayer de golpe en la arena política. Su portavoz, Manuel Alcaraz, pidió a los ciudadanos de Alicante que «exijan responsabilidades a los que aprobaron el plan Rabasa», y considera necesario que haya un «cambio de responsables políticos y públicos» en la ciudad.

Por su parte, los miembros de la plataforma comenzarán una campaña «hasta el último domingo de mayo del año que viene» para «recordar a cada votante quién votó el plan Rabasa».

Alcaraz y Carlos Gómez Gil, otro de los miembros de la plataforma, acusaron al alcalde, Luis Díaz Alperi, de una «maniobra de manual fascista» en el Pleno en el que se aprobó el plan parcial que promueve Viviendas Sociales del Mediterráneo para «evitar que hubiese testigos». Se refieren así al desalojo del público que ordenó el primer edil.

La PIC, que estaba presente en el Salón de Plenos, considera que el alcalde «alentó y premió» a Enrique Ortiz, que envió a sus trabajadores con pancartas favorables a la actuación urbanística, «un empresario que manipula a sus empleados». Entre el munícipe y el urbanizador existe, en sentido metafórico, «una unión temporal de empresas, puesto que ambos defienden sus intereses», acusó Carlos Gómez Gil.

Tampoco les ha satisfecho del todo la «tibia» negativa del PSOE al Plan Rabasa, aunque reconocen un «cambio de rumbo».

Además, la plataforma intensificará un calendario de reuniones con partidos políticos y colectivos sociales para evitar que el plan vaya hacia adelante. Por el momento, mantendrán una reunión con el sindicato UGT.

El 6 de julio han convocado una gran asamblea con todos los movimientos sociales, políticos y ciudadanos para planificar posibles acciones en contra del plan.

Por el momento, tan sólo pedirán entrevistarse con los responsables políticos que pueden autorizar el desarrollo del plan, desde el conseller de Territorio, Esteban González Pons, hasta la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. También recurrirán al Síndic de Greuges, al que ayer presentaron una queja formal porque Alperi no les ha respondido a una petición de entrevista.

Sin embargo, como ellos mismos reconocen, no pueden acudir a los tribunales de Justicia, puesto que la Conselleria de Territorio todavía no ha aprobado el plan Rabasa de forma definitiva.