Había mucha gente en los salones municipales antes de las diez de la mañana. Más de lo habitual. Era previsible, aunque resultaba muy difícil identificar a la mayoría. En realidad, la Policía Local ya los había identificado uno a uno. De manera sorprendente, los agentes no dejaban subir a las dependencias municipales a quien no se identificara con algún documento oficial. Además, entre los muchos asistentes que esperaban el inicio del Pleno no estaban los principales portavoces de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, antaño Plataforma contra Rabasa, que aguardaban en la plaza del Ayuntamiento. Tampoco había llegado el grueso de Izquierda Unida, con Gaspar Llamazares a la cabeza.

Sí había propietarios de suelo afectados, personas críticas con el Plan Rabasa, como dirigentes vecinales de Franciscanos-Oliveretes, o representantes de partidos políticos como el Bloc o el VA, además de asesores de los grupos municipales de la oposición y algunos funcionarios curiosos.

Es cierto que llamó la atención la presencia de un conocido amigo y empleado de Enrique Ortiz. Se le veía animoso, como conociendo a unos y a otros. Algunos periodistas se preguntaban quiénes eran todos ellos. Pronto saldríamos de dudas.

El Pleno comenzó. La plataforma de los Manuel Alcaraz, José de la Casa y Carlos Gómez Gil fueron tomando posiciones, especialmente el coordinador de La Sede de la Universidad de Alicante. Se situó en primera fila, observó el inicio de la sesión y se retiró unos metros. No tardó en volver a ocupar un puesto privilegiado, sobre todo al comprobar que aquellos desconocidos descubrieron sus cartas, bueno, más bien, sus minipancartas, algo más grandes que un folio, elaboradas desde el mismo ordenador, con el mismo formato y los mismos lemas. A saber: Sí al Plan Rabasa, menos estercoleros y más casas, menos manipulación. No eran cuatro precisamente. Nunca el grupo de gobierno del Partido Popular había tenido tanto apoyo para aprobar un proyecto. Según pudo comprobar este diario, algunos de los vociferantes defensores del Plan Rabasa eran trabajadores de Ortiz. Otros eran ciudadanos a pie convocados a través de correo electrónico de entre quienes solicitaron información sobre el Plan Rabasa cuando hace unos meses Ortiz abrió una oficina en la calle Altamira.

El enfrentamiento estaba servido. Los Stop Rabasa trataron de reaccionar, pero eran menos. Tenían sus voces y, en esos momentos, sólo unas pegatinas. El alcalde, Luis Díaz Alperi, permitió la bronca hasta momentos de máxima tensión, cuando empezaban los escarceos verbales de unos contra otros.

Por fin llegó la decisión municipal: la orden de desalojo. Entonces, Manuel Alcaraz, visiblemente irritado y situado ya en el quicio de la puerta de acceso al Salón de Plenos, espetó al alcalde: «Ya lo ha conseguido: es una estrategia fascista». El ex diputado de Izquierda Unida y de Nova Esquerra aseguró que «todo estaba preparado para no dejar oír el debate, se les ha dejado entrar con pancartas, en una estrategia que la inventó el fascismo». Concejales del PP y del propio PSOE comentaron sorprendidos su reacción. Ediles socialistas aseguraron que Díaz Alperi llamó «sinvergüenza» al profesor de Derecho.

José de la Casa, secretario de Comisiones Obreras, que no se juega su futuro político en este envite, fue directo al grano: «Lo grave es que la Generalitat ha aumentado hace cuatro días el precio de las VPO en cinco millones y el de las viviendas concertadas en siete, o que el Ayuntamiento firma el PAI de Rabasa con 400 viviendas y se dejan 80 de renta libre, por lo que habrá 80 familias que esperaban a acceder a estas casas, y no lo podrán hacer».

En cualquier caso, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas mantuvo su plan de protesta, previsto quizás para el interior de la sala. Lo hicieron en la calle, junto a la fachada municipal, donde desplegaron unas pancartas con el ya famoso Stop Rabasa, además de una pelota que pretendía ser una metáfora del pelotazo urbanístico que, según su opinión, es el Plan Rabasa. Así se fue extinguiendo la tensión de un Pleno especialmente tranquilo para quien debía defender el asunto estrella desde el banco del gobierno.