Nada hacía pensar que el esperado Pleno sobre el Plan Rabasa, celebrado trece meses después de la adjudicación, iba a deparar grandes sorpresas. Y no las hubo, al margen de la escenografía. El debate, el previsto, con algún golpe de efecto, como el regalo del PP al PSOE de una fotografía con los ediles socialistas votando a favor del Plan Rabasa aquel 26 de abril del 2005. Salió a colación de nuevo la protección de las lagunas, las VPO, la legalidad del plan, las comparación con otros planes urbanísticos aprobados en municipios gobernados por el PSOE, la contradicción socialista en su voto... y todo para que el PP se saliera con la suya y aprobara no tanto el Plan Rabasa, que ya lo estaba, como la propuesta con las alegaciones admitidas y las rechazadas.

Lo que nadie esperaba -o casi nadie- es lo que ocurrió minutos antes de que se abordará el punto del orden del día sobre el Plan Rabasa. La algarabía montada en un principio por un sorprendente grupo de defensores del proyecto fue seguida voz en grito por quienes están en contra. Fueron los pro Rabasa quienes, en mayor número que los detractores, exhibieron primero sus panfletos perfectamente diseñados.

Su aparición provocó la atracción de los medios de comunicación gráficos. El alcalde, Luis Díaz Alperi, lanzó la primera amenaza de desalojo. Lejos de amilanarse y cuando la portavoz de EU, Susana Sánchez, comenzaba su intervención, la variopinta hinchada favorable a Enrique Ortiz elevó sus proclamas: «Queremos casas, queremos casas», insistían. Conste que algunos de los que vociferaban ya las tienen.

Sus gritos se mezclaron con los stop Rabasa hasta el punto de que Díaz Alperi ordenó a la Policía Local el desalojo del Salón Azul, en el que se encontraba el líder de IU, Gaspar Llamazares, y la coordinadora de EU, Gloria Marcos. Díaz Alperi aguantó varios minutos la algarabía, con sucesivas amenazas de desalojo. Finalmente, dijo: «No tengo porqué soportar ni a los del sí, ni a los del no», y dio la orden. ¿Pudo haber desalojado al principio sólo a los que comenzaron exhibiendo sus minipancartas en favor del Plan Rabasa? ¿Por qué esperó a la confrontación? Son las preguntas que se hacían ayer desde la bancada de la oposición, durante la suspensión del Pleno. La realidad es que la sesión a puerta cerrada benefició al grupo de gobierno, al menos, no tanto porque diera y quitara argumentos al gobierno o a la oposición, sino por la tranquilidad con la que se desarrolló el debate, sin interrupciones, con los tiempos tasados de cinco y tres minutos para cada grupo.

EXPLICACIÓN DEL ALCALDE

«Lamento lo ocurrido»

Cuando, por fin, a las 11.14, se reanudó la sesión, el alcalde afirmó: «Lamento lo ocurrido, pero si el público no guarda la compostura... tengo la sensación de que no querían que se celebrara el Pleno». Y así comenzaba el debate. La portavoz de EU-l'Entesa, Susana Sánchez, no desperdició el tiempo. Fue clara y concisa en su oposición, la misma que ha sido desde el primer día: «No podemos asumir de golpe 50.000 viviendas, las lagunas estarán rodeadas de torres de pisos», afinó la edil, quien también puso en duda la legalidad de la operación urbanística.

En su primera intervención, Manuel de Barros advirtió de que Ortiz haga en Rabasa lo mismo que en el APA/9 de Vistahermosa o en el Pau 3, dos proyectos urbanísticos que tiene adjudicados por el Ayuntamiento, que acumulan años de retraso. En este sentido, el edil del PSOE habló del peligro del «monopolio del suelo».

En su opinión, «el Plan Rabasa tiene en contra a la mayoría política y a la mayoría social». Aseguró que su ejecución creará desequilibrios sociales y apuntó que es «inmoral» justificarlo con la construcción de VPO: «Porque, ¿cuántas viviendas de protección incluyeron ustedes en los Pau 1, 3, 4 y 5?», preguntó al grupo de gobierno. De Barros, que puso en duda la capacidad para dotar de recursos hídricos el nuevo barrio, calificó finalmente de «atrocidad urbanística» la edificación de 15.000 «o hasta 18.000 viviendas».

Sonia Castedo llevaba un par de días preparando sus intervenciones. Fue directa a por el PSOE. No se anduvo por las ramas. «Llevan meses intentando cambiar la historia a golpe de titulares de Prensa, pero la realidad es tozuda y los hechos incuestionables: el 26 de abril del 2005, sobre las 12.30 horas, un PSOE eufórico y el PP daban el beneplácito al Plan Rabasa». Y recordó asimismo que en aquel Pleno, el entonces portavoz socialista, Blas Bernal, dijo, y consta en el acta, que «no hay contradicciones importantes con el avance del Plan General».

ATAQUE DE CASTEDO

«Retiren sus alegaciones»as

La titular de Urbanismo expuso que, un año después, «el PSOE se presenta en crisis, sin rumbo, sin dirección orgánica, con concejales sentados en sillones distintos, con un grupo que se debate entre la obediencia debida y la vergüenza por la imposición de votar en contra».

Solicitó que tanto EU como el PSOE retiren sus alegaciones si tenían pensado votar en contra, y se dirigió de nuevo a los socialistas para recordarles por qué el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, no le presta la misma atención a proyectos urbanísticos de gran calado para los municipios de Aspe, Villena y Elda. «¿No será porque allí hay gobiernos socialistas?». Por último, pidió al portavoz socialista que «mire a través de las cámaras a las miles de familias que quieren una VPO, dígales que usted nos las va aprobar de momento, que ustedes son los responsables del año de retraso, que las abandona a su suerte».

RÉPLICA DEL PSOE

La crisis interna del PP

De Barros intentó introducir en el debate la crisis interna que el PP vivió con especial intensidad precisamente cuando se iba a votar el Plan Rabasa. Recordó declaraciones críticas de Joaquín Ripoll, y enseguida aludió de nuevo a que «rectificar es saludable, es bueno, no pasa nada, pero ustedes no lo hacen porque se creen los amos del mundo». El portavoz del PSOE culminó sus intervenciones anunciando que su intención de acudir a los tribunales para impedir el Plan Rabasa.

Sonia Castedo, por último, insistió en echar sal en la herida socialista y les recordó «la amenaza de expulsión que pende sobre los concejales si votan a favor del Plan Rabasa».

Como estaba previsto, Luis Díaz Alperi se guardó para él la última intervención. Rechazó que 50.000 personas vayan a ir a vivir «de golpe» a Rabasa. Lo harán al menos durante los próximos diez años. Criticó que las VPO puedan ser un gueto cuando «la Playa de San Juan y el Cabo están llenas de viviendas de protección y nadie diría que esas zonas son un gueto». Advirtió asimismo sobre los aludidos errores del PP, como construir el Palacio de Congresos en el Benacantil, que «la Justicia no ha dicho la última palabra y pueden llevarse una gran sorpresa».

Al igual que su compañera Sonia Castedo, el alcalde apuntó a la crisis interna del PSOE. Aseguró que la «movida» se produjo a raíz de que el anterior secretario general «se reunió con otros promotores que participaban en el concurso» del Plan Rabasa. Y que la oposición ahora al proyecto se debe porque «Blas Bernal (el anterior portavoz) no era el candidato de Pla: les da lo mismo la ciudad y las VPO, el Plan Rabasa ha sido una excusa para eliminar a dos persona».