La batalla en el gobierno municipal de Orihuela continúa con las espadas en todo lo alto. Los cinco ediles afines al alcalde Medina y el grupo que apoya a Mónica Lorente mantienen las discrepancias respecto al capítulo de Personal, pese a la reunión presupuestaria de ayer. Medio millón de euros, según el sector de la edil Lorente, es la cuantía mínima que debe rebajar aún el edil Antonio Franco de sus pretensiones de ampliación de la plantilla.

Los críticos del PP rechazan «por innecesarias, al menos, diez de las plazas nuevas» propuesta por Franco. Los ediles seguidores de la presidenta del PP recalcaron al regidor que «es insuficiente el recorte de 1.200.000 euros alcanzado hasta ahora», para pasar de 21.700.000 euros a 20 millones.

La concejal de Hacienda, Paz Chazarra, reconoció que ambos sectores han desarrollado un gran esfuerzo por pactar el capítulo de Gasto Corriente municipal. Así, la edil detalló que de las cifras iniciales propuestas «hemos recortado 3.800.000 euros», si bien defiende que «debe rebajarse hasta cinco millones y medio».

La llama de la división sigue prendida, pese a que aún ninguno de los dos sectores enfrentados ha tocado, por el momento, el Capítulo 6 de Inversiones. Chazarra anuncia que los 38 millones solicitados por los ediles, frente a los 16 del ejercicio anterior, «es imposible asumirlos».

Los ediles populares coinciden en augurar que las Inversiones pueden ser otro foco de confrontación en las próximas reuniones presupuestarias.

Mónica Lorente defiende dar preferencia a la construcción de los consultorios y oficinas municipales que las pedanías reclaman desde hace años. La Verdad publicaba ayer las protestas de los vecinos de Correntías, El Mudamiento y del barrio del Rabaloche.

La máxima dirigente del PP exige asignaciones económicas concretas para el recinto ferial de La Aparecida, el polideportivo de Desamparados, la rehabilitación de los Aljibes de Hurchillo como centro social y la dotación del área recreativa de San Isidro.

Entre los objetivos del alcalde Medina figura el aumento del 35% en las asignaciones de la Concejalía de Aseo Urbano para asumir el incremento de la facturación mensual de las concesionarias del servicio de limpieza. El acuerdo con la plantilla pretende evitar la huelga en las fiesta de Moros y Cristianos en julio, como ayer publicó La Verdad, por medio del pago de los atrasos y la actualización del sueldo.

El próximo lunes se reúne de nuevo los catorce ediles del PP con el fin de avanzar en la aprobación definitiva del presupuesto.