El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, se despacharon a gusto ayer tras ser preguntados por los medios de comunicación sobre las críticas del PSOE en el Plan Rabasa. Se veía venir que, tarde o temprano, los populares arremeterían con dureza contra la actual dirección del grupo socialista como consecuencia del cambio en el sentido del voto respecto al proyecto para Rabasa. Ayer mismo ya hubo ocasión para que el PP incidiera en la contradicción de sus compañeros del PSOE. Fue en la Comisión Permanente de Urbanismo, donde se debía informar ya no sobre la adjudicación del Plan Rabasa, sino sobre el informe con la respuesta a las alegaciones. Los dos ediles socialistas, Manuel de Barros y Antonia Graells, votaron en contra de la propuesta de acuerdo, al igual que la portavoz de EU-l'Entesa, Susana Sánchez.

Pero la respuesta popular no se produjo hasta después de la reunión. Luis Díaz Alperi había comparecido ante los medios de comunicación junto al secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa. No hubo que insistirle mucho. A la primera entró de lleno: el grupo municipal socialista «no tiene ninguna autoridad para hablar de nada» sobre el Plan Rabasa. En su opinión, el PSOE está en una «situación muy complicada» después de que «todos los concejales socialistas» aprobaran la adjudicación del Plan Rabasa en abril del 2005.

El primer edil recordó que la decisión de abrir un segundo periodo de exposición pública fue adoptada para «beneficiar al grupo socialista», que es quien lo planteó. Entonces, la dirección de esta formación estaba en manos de Blas Bernal y Luis Almarcha.

Según el primer edil , el PSOE trata ahora de «inventarse y urdir para ver cómo se salen de una situación de la que (para conseguirlo) no sólo vale decir que nos equivocamos».

Además, acusó a los socialistas de querer votar ahora en contra «por motivos exclusivamente políticos» ya que «lo usaron (el Plan Rabasa) en la lucha interna para descabezar al grupo porque le interesaba a Pla», dijo en alusión a la crisis socialista del pasado mes de febrero, que acabó con la salida de Bernal y Almarcha. Díaz Alperi lamentó que los socialistas «hayan puesto los intereses de la ciudad por detrás de los particulares de su grupo, del partido».

Por otro lado, el alcalde explicó que la segunda fase de información pública «no perjudica al plan sino que lo beneficia» y comentó que el único requisito que el secretario general del Pleno plantea es que la aprobación el día 13 sea, al igual que ocurrió en la inicial, por mayoría absoluta. El alto funcionario informa de manera favorable sobre el expediente y sólo advierte que la citada segunda fase de exposición pública no se contempla en el procedimiento establecido.

Poco después de esta intervención, le tocó el turno a la concejal de Urbanismo. En una improvisada comparecencia, Sonia Castedo no se quedó atrás a la hora de valorar la actitud del grupo socialista: «En política las equivocaciones se pagan caro, que expliquen su decisión a los miles de alicantinos que están apuntados para conseguir una vivienda de protección oficial», espetó la edil, quien insistió en que «no se ha votado hoy (por ayer) el Plan Rabasa, sino sólo la respuesta a las alegaciones, y el PSOE la ha rechazado a pesar de que algunas de sus propuestas han sido aceptadas».

Castedo se preguntó: «¿Para qué defienden el contenido de sus alegaciones si iban a votar en contra de antemano?». Asimismo, insistió en «la absoluta legalidad del expediente» y afirmó que «no acepto que nadie dude sobre su legalidad y sobre los informes de los técnicos».