El matrimonio de inmigrantes que compró una vivienda en el edificio La Ballena, sobre el que pesa una orden de desalojo por su mal estado, anunció ayer que tiene previsto demandar al vendedor. De momento, Magdalena Guzmán y Constantino Horjuelo van a volver a la casa que tenían alquilada. «Hemos hablado con el dueño y nos permite regresar», explican.

Dicen que, aunque no saben cómo harán frente a los gastos, «no podemos poner en riesgo la vida de nuestros hijos», un pequeño de 18 meses y un niño de 14 años, que cursa estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Libertas.

Se sienten agobiados y preocupado por «cómo vamos a hacer frente a los gastos». Constantino explica que «tengo que pagar 680 euros de hipoteca, las letras del coche y dar a comer a mi familia».

Pero sobre todo le angustia la posibilidad de no cumplir el compromiso adquirido con la CAM, porque dice temer, incluso, que «si no pago pueda acabar en la cárcel», aunque el único riesgo que corre es acabar perdiendo el piso que compró.

Han decidido solicitar un letrado de oficio. «Nos han dicho en la inmobiliaria que ellos nos ayudarán, pero el abogado lo tenemos que solicitar nosotros». Saben ya que, en unas declaraciones a este periódico, el edil de Urbanismo, Fernando del Cristo Gómez, manifestó que «ya en 1997 y 1998 se avisó a los propietarios del edificio La Ballena de que tenían que hacer obras para el mantenimiento de las estructuras». Por eso, el concejal asegura que «se les facilitará el expediente, porque por ley hay que hacerlo con las partes interesadas».

De momento, no saben quién es el vendedor. «Le vimos un momento el día que firmamos la escritura; la inmobiliaria no nos ha facilitado su nombre, ni sabemos cómo localizarle», afirma Magdalena Guzmán. Indica que, «aunque habíamos visto pisos más pequeños y mucho más caros, no sospechamos que la casa que comprábamos tuviera algún problema». Y añade que «en la inmobiliaria nos dijeron que era un chollo». No obstante, el matrimonio piensa que «el vendedor también les engañó a ellos».

«Yo no sé quién tiene la culpa de lo que ha pasado, lo que sí sé es que las consecuencias las sufrimos nosotros», dicen Magdalena y Constantino, disgustados después de haber acudido a la CAM en busca de una solución, «porque la que nos dan pasa por gastar otros 3.000 euros para hacer más papeles, y no podemos gastar un euro más».

Sobre las ayudas a las familias como la de Magdalena Guzmán, El concejal de Urbanismo, Fernando Gómez aseguró que su concejalía «está filtrando a Servicios Sociales los casos de quienes necesitan ayuda para que se les proporcione». En ese sentido, la propia Magdalena Guzmán confirmó ayer que «nos han llamado de Bienestar Social para entrevistarse con nosotros».