El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Giménez, anunció ayer que el PSPV-PSOE «va a aportar una serie de datos nuevos al fiscal Anticorrupción que creemos que podrían vincular al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, con la empresa Edén del Mar».

Después de dejar claro que «nosotros no afirmamos, sino que creemos que hay indicios, porque debe ser el fiscal Anticorrupción y la juez que lleva el caso, quienes tienen que decidir», Giménez señaló que «vamos a aportar esa documentación, porque creemos que las casualidades difícilmente existen, y cuando se producen hechos como los que hemos detectado podríamos no estar en presencia de una casualidad, sino de lo que nosotros entendemos que pudiera ser una clara vinculación entre la mercantil Edén del Mar y el alcalde de Torrevieja».

La documentación a la que alude el portavoz del grupo municipal socialista se refiere «a que, en el año 2000, la compraventa por parte del alcalde de la finca de Almoradí coincide con la aprobación, en la Comisión de Urbanismo, de un sector de El Limonar, con los únicos votos del PP, y que la Comisión Territorial de Urbanismo echó para atrás».

El portavoz adjunto del PSOE, Manuel Vera, señala que esos terrenos «fueron comprados por Edén del Mar en una subasta y recalificados, pese a que parte de ellos estaban en el cinturón de protección del parque natural. Razón por la que la Conselleria no aprobó la recalificación».

El mismo año 2000, señala Giménez, «Edén del Mar compra a unos treinta propietarios unos terrenos rústicos en Lomas del Polo, en las proximidades del Parque Natural de La Mata, pendientes de recalificación, pagando a los vendedores el 25% y dejando el otro 75% pendiente de pago, que condiciona a la recalificación por parte del Ayuntamiento».

Estas operaciones, y la aparición de una carta de la mercantil Edén del Mar, en el 2006, dirigida al Ayuntamiento, en la que se manifiesta que «hemos tenido conocimiento que la Conselleria va a autorizar la recalificación», son indicios para los concejales socialistas de que «hay algo más que la relación normal entre una mercantil y un Ayuntamiento, aunque debe ser el Fiscal Anticorrupción y la Juez quienes decidan».