Las listas de parados que demandan empleo en las oficinas del Servef de la provincia han reducido el número de inmigrantes en los últimos seis meses. El Ministerio de Trabajo dio a conocer por vez primera en noviembre la cifra de parados que son extranjeros. En aquel mes, Alicante registraba 7.401 demandantes parados inmigrantes. A fecha 31 de mayo pasado, la cifra se reduce a 6.999 personas. O sea, que hay 402 parados menos extranjeros.

El dato oficial facilitado por el Inem ayer cuestiona los mensajes de intranquilidad lanzados en los dos últimos días por el ex presidente de Coepa, Joaquín Rocamora, y por su sucesor, Modesto Crespo.

En una entrevista en este diario publicada el pasado domingo, Rocamora dijo que el paro crece en Alicante no porque exista crisis industrial, sino porque había 70.000 inmigrantes y ahora hay 230.000 extranjeros en la provincia. Según él, el paro que genera algún sector de la industria tradicional es absorbido por el resto de sectores, pero dejó entrever que el mercado laboral es incapaz de absorber la bolsa de trabajadores extranjeros.

En ese mismo discurso coincidió, en el día de su elección, el nuevo presidente de Coepa, Modesto Crespo, el cual dijo: «Esta presión constante (de flujos migratorios) se refleja en un incremento de las cifras del desempleo, pero también del número de personas en situación irregular, lo que a medio plazo puede generar situaciones indeseadas».

Según el dato oficial del Inem, de los 6.999 extranjeros que hay en el paro ahora en la provincia, 4.002 son del sector servicios, 1.329 del sector de la construcción, 590 de la industria, 316 del sector agrícola y 762 no han tenido empleo anteriormente. A finales de mayo, la provincia acumulaba una bolsa de parados de 79.006 personas. Es decir, menos de la décima parte de los parados en la provincia son inmigrantes en la actualidad.

Fuentes del Inem explican que el número de inmigrantes en el paro (que no estaba contabilizado hasta noviembre) ha crecido de manera exponencial en los últimos cinco años, desde que el anterior Gobierno del PP puso en marcha los dos planes consecutivos de regularización extraordinaria. En el último plan especial, promovido por el actual Gobierno, se legalizaron 40.000 ciudadanos.