El juez Grande-Marlaska ha adquirido renombre quizás a su pesar, por haber tenido que actuar en casos relevantes relacionados con ETA y su entorno. No ha mostrado el afán de notoriedad de los jueces estrella -Garzón regresa: ¿peligro!- y sin embargo se encuentra en el ojo del huracán, jaleado por unos y por otros. Como es conocido, Grande-Marlaska llamó a declarar a varios batasunos esta semana por haber realizado actividades políticas pese a la ilegalización de la organización a la que pertenecen. Antes de tomar declaración a los imputados, sectores de opinión le instaron a actuar con dureza. Una vez que dejó a todos en libertad (porque no tenía sentido jurídico hacer otra cosa), la horda se ha cebado en él con toda clase de descalificaciones. La inefable AVT, empeñada en hacer política en memoria de los muertos, ha asegurado por boca de Alcaraz que «la política entró por la puerta del tribunal y la Justicia salió por la ventana» y que «es lamentable» que «se pueda adaptar la ley a las condiciones que ponga la banda terrorista». En definitiva, el juez Grande-Marlaska habría prevaricado a presiones de Batasuna. Lo quiera o no, un juez de la Audiencia es un personaje público y sus decisiones están sometidas a la crítica. Pero una cosa es discrepar intelectual y jurídicamente de una resolución y otra muy distinta acusar al juez de incumplir su obligación conscientemente, de prevaricar, de delinquir. La AVT debería demostrar su gravísima imputación o atenerse a las consecuencias.