Ocurrió de madrugada, en junio de 2001. Arturo Castillo, Ángela y sus dos hijas dormían cuando un hombre irrumpió en su chalé de Pozuelo de Alarcón armado con un revólver. El intruso -de origen moldavo- tardó menos de una hora en sembrar el horror para hacerse con el botín: un puñado de joyas y 114 euros. Cuando llegó la Policía, Arturo estaba degollado y Ángela se encontraba grave, con una herida de bala. La mayor de sus hijas tenía una puñalada en el cuello y la menor -de apenas 15 años- había sido violada. El agresor fue capturado, pero nada volvió a ser igual para quienes sobrevivieron al infierno. La familia Castillo fue la primera de España en sufrir un atraco de estas características y, por desgracia, no ha sido la última.

Han pasado cinco años y, lejos de desaparecer, el asalto con violencia en casas y urbanizaciones va en aumento y se perfecciona. Los allanamientos de los últimos días -centrados especialmente en la provincia de Tarragona, sin olvidar la de Barcelona- demuestran que no son hechos aislados ni están perpetrados por delincuentes solitarios. Se trata de un «fenómeno» de bandas organizadas cuya erradicación se debate en el Congreso. Un modelo delictivo que dispara toda clase de alarmas, comenzando por las sociales.

Los vecinos tienen miedo. «Estamos asustados y lo llevamos muy mal. Sentimos pánico de salir por la mañana y de estar en casa de noche». Los miembros de la Federación de Vecinos de Tarragona -que este pasado fin de semana celebraron una asamblea general con las demás asociaciones catalanas para analizar uno de los episodios de alarma social más graves de la última década- están «cansados» porque su lucha no es nueva. «En 1996 se hizo la primera manifestación para protestar por la inseguridad y lo único que conseguimos fue que nos acusaran de alarmistas», lamentan.

En la actualidad, están reviviendo en carne propia un miedo que en la provincia de Alicante alcanzó su cota más alta a comienzos del pasado año. Una serie de robos violentos en domicilios activó todas las alertas en las comarcas de la Marina, la Vega Baja y l'Alacantí. Especialmente sonados fueron los delitos padecidos por empresarios, amordazados y encañonados con pistolas en sus lugares de residencia.

Formación militar

Los sucesos de estos días en Cataluña «nos dan la razón», matizan los vecinos de esta zona, «pero con eso no hacemos nada. Zapatero anunció que vendrán trescientos efectivos más y nos gustaría saber si son profesionales con experiencia o alumnos en prácticas, porque los delincuentes tienen formación militar y están dispuestos a todo». Lo sabe la Guardia Civil, que esgrime un argumento similar: «Los agresores son peligrosos. Manejan tácticas militares, están fuertemente armados, disponen de medios tecnológicos sofisticados y entran a los chalés con la voluntad de utilizarlos», describe Manuel del Álamo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). «La pregunta es: ¿Estamos preparados para atajar este tipo de delincuencia? La respuesta es que no».

La AUGC considera que la solución «no pasa sólo por aumentar el número de efectivos», sino por dotar al Cuerpo de mejores medios y establecer un sistema operativo distinto. «Aquí se quiere calmar la alarma social desplegando agentes sin experiencia, recién salidos de la academia. Eso, más los cuarteles diseminados con poco personal, hacen que este terreno sea perfecto para las bandas organizadas», opinan.

El máximo responsable de otra asociación integrada por guardias civiles en activo (Asociación Independiente de la Guardia Civil), Joaquín Parra, subraya que se ha generado un clima de inseguridad que «se intenta tapar con medidas poco efectivas y que dejan al descubierto y sin agentes de la Guardia Civil en algunas poblaciones del interior». Asigc constata igualmente «la preparación policial y militar con la que cuentan estos grupos de delincuentes, unido al poco apego por su vida y la flexibilidad de las leyes españolas», como factores claves del problema.

«Teniendo en cuenta que estas zonas son, principalmente, demarcación de la Guardia Civil, nos encontramos con el doble problema de la habitual falta de medios y personal, y la férrea disciplina militar a la que nos vemos sometidos los miembros del Cuerpo», expone Parra. La Asigc se ofrece al Gobierno para atajar los asaltos aprovechando la experiencia de los agentes, que «son quienes conocen la calle».

La percepción de carencia de recursos es compartida por Joaquim Calatayud, teniente-alcalde de Les Borges del Camp, uno de los municipios más afectados por la reciente ola de asaltos y donde la semana pasada una pareja sufrió un ataque brutal. «El problema es que a Tarragona no llegan los Mossos d'Esquadra y, al mismo tiempo, se va la Guardia Civil. Apenas hay cuatro guardias para catorce localidades», describe.

Preguntar por el revólver

«Ha habido casos de violencia extrema, como el del matrimonio al que golpearon hace unos días. Estuve en su casa a la mañana siguiente y aquello era dantesco. Se ensañaron con ellos y los dejaron destrozados, física y emocionalmente. Me han dicho que se pondrán en manos de especialistas para superarlo, pero ahora, en el pueblo, hay un miedo extraordinario entre la gente», relata Calatayud. El pánico se apodera de los tarraconenses, que buscan todo tipo de soluciones. La más drástica: comprar armas de fuego. «Esta semana ha venido mucha gente con intención de adquirir revólveres e informarse sobre su funcionamiento», afirma un dependiente de la armería Ferré, en Reus. «Ha aumentado la demanda y el interés a raíz de lo ocurrido». El testimonio se repite en otras tiendas de la región.

«No obstante, para comprar armas de fuego, necesitas un permiso oficial que no se obtiene fácilmente. Esa es la primera traba que encuentran los interesados», explican en la armería Agustí Domingo. Fuentes de la Guardia Civil advierten, a su vez, de que «la gente termina recurriendo a la escopeta de caza porque su permiso se consigue con mayor facilidad, sin darse cuenta del riesgo que supone tener armas en casa. Para portar una escopeta, o lo que sea, hay que saber utilizarla», reflexionan.

¿Se trata entonces de blindar las casas? El jueves, el director del Observatorio del Riesgo del Instituto de Estudios de Seguridad, Jaume Curbet, opinaba que el modelo urbanístico de los chalés es «vulnerable e insostenible», pues el aislamiento favorece los atracos. Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el razonamiento «es absurdo».

«Supone una tapadera del fracaso de las políticas preventivas. Es lo mismo que decir 'no conduzca más, así no habrá accidentes'. No pueden exigir que cada uno tenga su guardia. Y la gente paga impuestos para que exista un mínimo de seguridad», expone Julio Gil, gerente de la APCE. En cuanto a implementar sistemas de protección en nuevas construcciones, la asociación no lo considera apropiado porque «va contra la propia filosofía» de las urbanizaciones. «Las personas no quieren vivir en un búnker. Hasta ahora, el valor añadido del chalé era el espacio y la libertad. Nos preocupa que esto repercuta en las ventas».

«Más y mejores medios»

La inquietud, en especial la de los residentes, ha llegado al Congreso. «No se puede decir, como ha hecho el delegado del Gobierno en Cataluña, que 'quien quiera seguridad, que se la pague'. Si la respuesta al problema es privada, no vamos en buena dirección. La solución debe darla el poder público», asevera a este periódico Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz parlamentario de CiU.

El conseller de Interior de la Comunidad Valenciana, Miguel Peralta, suscribe estas palabras. Destaca el temor existente entre los ciudadanos a que los asaltos se extiendan a la región, y así lo ha dejado patente en una carta enviada al presidente del Gobierno. «En materia de seguridad no estamos siendo atendidos de la manera adecuada; y más cuando hace tiempo que venimos denunciando el incremento de la delincuencia y los asaltos a casas de campo», apostilla.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, reconoce que existe un problema, aunque recalca que los refuerzos policiales han permitido reducir los asaltos en Alicante. «La tendencia es a mejorar, pero mientras existe un solo caso que alarme a los ciudadanos, aunque sea una sensación subjetiva, no estaremos satisfechos», razona.