La subida de golpe de hasta en 25.000 euros de los pisos protegidos que el Consell ha autorizado a cobrar a los promotores tendrá una consecuencia directa sobre el conjunto del mercado inmobiliario. Desde la Unión de Consumidores de España (UCE) y desde diversas agencias inmobiliarias de Alicante dan por hecho que habrá un efecto dominó sobre la evolución inflacionista de las viviendas usadas y de las nuevas de renta libre. Es decir, que los precios seguirán al alza de forma descontrolada.

La autorización de la Conselleria que dirige Rafael Blasco, vigente desde ayer, como informó este diario, generó ayer diversas reacciones. Dicha Conselleria justifica el encarecimiento de la VPO en Alicante, Elche, Benidorm y el área metropolitana (San Juan, Mutxamel, El Campello y San Vicente del Raspeig) en que hay una gran demanda insatisfecha de esta vivienda, lo que se explica en que el bajo precio oficial que había estipulado para este tipo de producto inmobiliario no lo hacía interesante, rentable y atractivo para los promotores.

La Conselleria de Territorio y Vivienda y la patronal Provia, la principal beneficiaria de la medida, optaron ayer por el silencio, pese a las reiteradas llamadas de este diario.

Los consumidores, en cambio, no pudieron contener sus críticas. El responsable de la Unión de Consumidores de España en Alicante, Pedro Hernández, explicó: «Pensaba que la Administración tenía por misión y obligación fundamental facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, pero por lo visto no es así». Garantiza que el aumento de precios de VPO de forma oficial tendrá un «efecto dominó» sobre el total del mercado inmobiliario de la provincia, ya que se repercutirá de manera automática dicha subida (de hasta un 20%) en la vivienda de renta libre, tanto nueva como usada. A ese aumento habrá que añadir el incremento natural del mercado que en los últimos ejercicios no baja de los dos dígitos en Alicante y provincia. «Esto es un disparate, porque en lugar de premiar a los promotores, lo que debería hacer Blasco es fijar un porcentaje obligado a cada constructor de vivienda protegida sobre el total de viviendas visadas», añade Hernández.

Márgenes

En la misma línea que la UCE, fuentes expertas del mercado inmobiliario y diversas agencias instaladas en Alicante y que intermedian en este sector vaticinan un aumento automático de los precios como consecuencia directa de la decisión del Consell, que «sólo beneficia a los promotores. Los márgenes que había ya eran suficientes, otra cosa es que la Conselleria se pliegue a las peticiones del sector promotor no se sabe muy bien por qué», explicaba la gerente de una conocida agencia API de Alicante.

Otra de las voces críticas fue la del secretario intercomarcal de CCOO, José de la Casa. A su juicio, «es una mentira y muy gorda que se suba el precio porque los promotores no tienen rentabilidad actualmente». Califica de «robo a mano armada» la decisión de la Conselleria de Rafael Blasco y considera «denunciable que haya accedido a la presión de los promotores de Provia, que llevan dos años pidiendo la subida por todos los medios». Según él, el atraco es de tal magnitud que «si se hicieran los 8.000 pisos VPO anunciados para el Plan Rabasa, el promotor se llevaría una plusvalía añadida de 32.800 millones de las antiguas pesetas». De la Casa exige que suban los salarios del sector de la construcción en la misma proporción que ha autorizado el Consell para pisos VPO.