El despliegue con el que los medios de comunicación catalanes han cubierto la información de los últimos atracos de bandas organizadas a viviendas unifamiliares en la costa mediterránea refleja perfectamente la alarma social que esta oleada de delitos produce en la opinión pública. Es, por lo tanto, más que lógico que el presidente del Gobierno respondiera ayer en el Senado que la lucha contra ésta y otras formas de delincuencia organizada constituye una de las prioridades del Ejecutivo; anunciando a tal fin la creación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado -en el que se integrará toda la información nacional e internacional disponible- y la activación de grupos de respuesta especial contra el crimen organizado tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil.

Rodríguez Zapatero se manifestó en la Cámara Alta partidario de ser contundentes con la delincuencia organizada y poner para ello todos los medios necesarios a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso dio a conocer que la víspera, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, mantuvo una reunión con representantes locales de las zonas afectadas en Tarragona y el sur de Barcelona, habiendo comprometido el despliegue de 327 agentes de la Guardia Civil más en toda el área. Y bien está que el Ejecutivo reaccione con prontitud a las necesidades específicas de sectores ciudadanos concretos, como es el caso de esas zonas de Cataluña especialmente afectadas por las referidas bandas. Pero es evidente que en la mayoría de los casos la inseguridad proviene de faltas de previsión debidas a crecimientos urbanos que no son acompañados por los correspondientes despliegues de fuerzas de seguridad. En general, las nuevas urbanizaciones litorales o los desarrollos urbanos de la periferia de las grandes ciudades no entran en las previsiones de Interior, o lo hacen tarde y únicamente cuando el vacío policial ya ha sido aprovechado por los delincuentes. Todo ello al margen de que en Cataluña la descoordinación se agrave por el hecho de estar desplegándose actualmente los Mossos d'esquadra, policía autonómica que sustituye a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Nos encontramos así con que la solución a medio y largo plazo de la inseguridad no pasaría tanto por las ocurrencias aparatosas -el nuevo y pomposo Centro de Inteligencia- ni por la aplicación ocasional de efectivos extraordinarios sino por una buena planificación de las tareas de los distintos cuerpos policiales, que deben coordinarse perfectamente entre sí. Y si el Gobierno no lo ha logrado aún con la Policía Nacional y la Guardia Civil, más difícil será todavía hacer lo propio entre estos cuerpos estatales y las policías autonómicas y locales. Pero ha de conseguirse, porque va en ello nada menos que la seguridad de la ciudadanía.