El Gobierno quiere aprovechar la reforma de los impuestos de la renta (IRPF) y sociedades para corregir varias situaciones de abuso que, según sus datos, se producían en determinados colectivos de contribuyentes a favor de éstos y en contra de los intereses de la administración tributaria.

Así, ha ampliado los conceptos que componen la renta imputable a las personas y empresas no residentes y por la que luego tienen que tributar, pues estos se aprovechan de un vacío legal para aplicarse un tipo de gravamen menor en sus operaciones de carácter inmobiliario.

Según una de las enmiendas presentadas por el PSOE al citado proyecto de ley, que se encuentra en el Congreso, los ciudadanos y sociedades extranjeras con sede profesional en España deberán declarar al fisco los rendimientos derivados de las actividades o explotaciones económicas desarrolladas durante su estancia, aunque ésta tenga la consideración de permanente. Lo mismo harán de hacer respecto a aquellos ingresos que provengan de sus elementos patrimoniales. En esta última categoría, los socialistas incluyen ahora, como novedad, aquellos elementos patrimoniales que hubieran transmitido dentro de los tres ejercicios fiscales siguientes al de la desafectación, es decir, al fin de su vinculación con un determinado uso general o servicio público, gracias a la cual gozaban en de una fiscalidad especial.