Las dos principales formaciones políticas dieron ayer muestra de un sentido de la responsabilidad que no abunda precisamente en el escenario político español actual. Pese a las sempiternas malas relaciones que mantienen actualmente el PSOE y el Partido Popular, la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo aprobó ayer nuevas medidas contra ciertas conductas reprobables en las corporaciones locales. La trascendencia de este acuerdo, basado en un informe elaborado por el Departamento del ministro Jordi Sevilla, al que se le han añadido unas alegaciones del Partido Popular, radica además en que a él se han unido todas las demás fuerzas parlamentarias.

Entre las determinaciones que se han sellado con este Pacto, figuran el compromiso de elaborar un informe sobre la conveniencia de prohibir la presentación de mociones de censura durante el primero y el último año de una legislatura, la extensión de la consideración de transfuguismo a la formación de mayorías con concejales que hayan abandonado la fuerza política por la que se presentaron a las elecciones, la formación de una comisión que determinará inapelablemente -en caso de no acuerdo entre los partidos- si hay, o no, transfuguismo y la necesidad de reformar determinadas leyes para facilitar el cumplimiento del Pacto. Y es que -salvo contadísimas excepciones- el transfuguismo es la consecuencia de una corruptela previa, que da lugar a la pirueta personal de algunos profesionales de la política, y por ello era imprescindible que se sanease la vida pública mediante la desactivación real de tales prácticas. Con todo, es evidente que estas medidas no reducirán por sí solas la sensación creciente que experimenta la ciudadanía de que la corrupción se ha instalado en las corporaciones locales al socaire de la floreciente especulación urbanística.

El acuerdo antitransfuguista firmado ayer -que no es el primero- debería complementarse con medidas de mayor calado, relacionadas con la transparencia de la planificación urbanística, el control estricto de las políticas municipales sobre la materia y la reforma del sistema de financiación de los entes locales. Incluso podría pensarse en una profunda reforma legislativa que redujera la descentralización de la competencia urbanística, de forma que el Estado y las Comunidades Autónomas pudieran imponer criterios generales en materia de políticas de suelo. Pero, ahora, lo justo es poner en valor el hecho de que los partidos hayan sido capaces esta semana de llegar a un acuerdo de manera unánime. Algo poco habitual en los tiempos que corren.