El año 1979 se firmó en Roma el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre temas económicos. Acuerdo que aún se encuentra vigente, marca las relaciones entre el Estado y la Iglesia y que ha funcionado sin mayores problemas hasta ahora. En estos momentos se está tratando de trasmitir a la opinión pública un balance de estos casi 25 años como si la Iglesia Católica estuviera explotando abusivamente al Estado. Fernando Jiménez, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, dice que la Iglesia diocesana se financia fundamentalmente con las aportaciones de los fieles para su sostenimiento. Un 65 por ciento de la financiación proviene de los fieles (de la suma de todas las diócesis); un 30 por ciento, de la asignación tributaria (nosotros los contribuyentes al poner la equis en nuestra declaración) y el resto son ingresos por patrimonio, entre un 5 y un 10 por ciento. En el año 2005, el total de la asignación tributaria (de nuestra equis) de la Iglesia Católica ascendió a 128.682.328 euros. Es de advertir que las congregaciones religiosas no reciben ninguna subvención directa del Estado (o sea de todos nosotros, no hay dinero público ni dinero privado, hay el dinero que generamos todos nosotros a través de los impuestos; no hay nada más cierto en el mundo como la muerte y los impuestos).

Si pensamos por qué un Estado no confesional tiene que ayudar económicamente a la Iglesia podemos decir: porque la mayoría de los ciudadanos españoles somos católicos; porque hay una fundamentación histórica, la Iglesia en su día disponía de un patrimonio para hacer frente a sus necesidades, y ese patrimonio lo habían legado muchos católicos y por ello la Iglesia podía vivir de ese patrimonio. Pero ese patrimonio fue en su momento desamortizado (un tal Mendizábal puso en práctica la idea de que toda medida gubernamental lleva una chimenea en su espalda, o sea, siempre el contribuyente, pero en este caso le tocó a la Iglesia), por tanto a la Iglesia se le ha desprovisto de los mecanismos de financiación (no se le devolvió el patrimonio a Comisiones Obreras y dos veces a la UGT, sin ningún problema orgánico). Otro de los motivos para ayudar a la Iglesia se refiere a que existe un tratado internacional de colaboración. Y por último nos encontramos con la importante labor de tipo social que la Iglesia lleva a cabo en España.

Un dato importante es el salario que perciben los sacerdotes y los obispos. En el año actual, un obispo tiene prevista una remuneración de 864 euros; los sacerdotes, dependiendo de las diócesis, se les está asegurando una cantidad a percibir entre los 600 y los 800 euros. Hace unos días un diario español, hablando de los temas de la financiación de la Iglesia católica, sacaba el siguiente titular: «España financia las actividades de la Iglesia católica con más de medio billón de pesetas al año». Como siempre, primero el titular y luego los demás. O sea, como decía Ignacio Aréchaga, lea usted el titular y la entradilla, y sacará la conclusión de que la Iglesia católica sangra al Estado para asuntos peculiares de su actividad religiosa. Pero para llegar al total estimado de 586.000 millones de pesetas podemos ver que se están sumando churras con merinas. Partiendo de que sea verdad la cifra anterior, resulta que la aportación principal de 420.000 millones de pesetas corresponde a las subvenciones por enseñanza concertada que reciben los colegios de propiedad eclesial. O sea, un dinero que no va a la Iglesia sino a financiar la educación de los alumnos cuyas familias han elegido libremente esos colegios, y de cuyos bolsillos salen también los impuestos. Sigue valiendo lo de quien paga manda, o no cuando son los contribuyentes. Otra partida, 100.000 millones son para los salarios de los profesores de Religión de la enseñanza pública, que, según los acuerdos, son elegidos por la Iglesia y pagados por el Estado. O sea, ya nos quedan 66.000 millones, de los cuales 15.000 se debe a subvenciones para ONG de titularidad eclesial, y 10.000 son para centros hospitalarios y de caridad. Por último tenemos 7.000 millones de ayudas para el mantenimiento del patrimonio histórico artístico de la Iglesia. ¿Seria laico dejar caer en pedazos a la catedral de Santiago?

A modo de comparación, en Alemania se cobra en concepto de impuesto religioso entre el 8 y el 9 por ciento de los ingresos, dependiendo del salario mínimo; en Dinamarca es el 1 por ciento del IRPF; en Suecia el 1,25 por ciento; en Suiza, las administraciones pagan a la Iglesia el 2 por ciento de lo que recaudan.

Si queremos hacer balances, como indica Aréchaga, deberíamos hacer cálculos sobre cuánto ahorra el Estado por muchas de las actividades de la Iglesia católica. Por ejemplo, en la enseñanza concertada: inversiones en las construcciones escolares, costes de funcionamiento, aspectos no cubiertos por las subvenciones. El coste por puesto escolar en la enseñanza pública es por lo menos un 30 por ciento más elevado que en la enseñanza concertada. Asimismo, podíamos hablar de la inmensa labor que hace la Iglesia a través de Cáritas, centros hospitalarios, casas de ancianos y de inválidos, orfanatos, guarderías... cuya financiación se hace con aportaciones de los fieles católicos.