El 83 por ciento de los cuidadores en España son mujeres con una edad media de 52 años y las tres cuartas partes de este porcentaje no desarrollan ninguna actividad laboral. Además, sólo el 6,5 por ciento de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los Servicios Sociales.

Catalunya, Canarias y País Vasco constituyen, respectivamente, las regiones españolas que más gasto destinan a la dependencia de las personas mayores de 65 años. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía suponen las tres Comunidades Autónomas que menor nivel de inversión dedican al problema de la dependencia, según se ha puesto de manifiesto en un informe de Edad&Vida presentado durante estas VIII Jornadas Profesionales. A una mayor escala, y como ha quedado patente durante estas Jornadas, España se sitúa en el vagón de cola del continente europeo en el gasto público a la asistencia de los mayores. Nuestro país destina 7.983 euros a este concepto, sensiblemente por debajo de la media europea, que se sitúa en los 17.850 euros. Lideran este ranking países como Luxemburgo (26.044 euros), Dinamarca (24.383 euros) o Reino Unido (19.810 euros).

Iniciativa privada

Los empresarios más destacados del sector de residencias para mayores en España han coincidido en afirmar que la Ley de Autonomía Personal y Protección a la Dependencia supondrá una «excelente» oportunidad de negocio para las empresas del sector.

Para los representantes del sector residencial español, que aporta el 75 por ciento de las inversiones para las infraestructuras necesarias para el desarrollo del SND, el anteproyecto muestra «una ley que es buena, aunque plantea enormes dificultades para su ejecución».

Además, la discriminación de la clase media a la hora de acceder a una plaza residencial (demasiados ingresos para obtener una plaza pública e insuficientes para optar a un centro privado) supusieron los principales focos de discusión de las ponencias sobre las empresas del sector.