L Iglesia católica española ha expresado sus dudas, si bien de manera taimada, de que las negociaciones con el Gobierno para alcanzar un nuevo acuerdo de financiación prosperen a lo largo del presente año y puedan entrar en vigor, con su correspondiente asignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el ejercicio de 2007. Fernández Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, dejó entrever ayer que las negociaciones en esta materia deberían estar cerradas en septiembre, antes de la presentación del proyecto de los PGE para el año próximo, y "no hay certidumbre" de que se pueda alcanzar un acuerdo para esas fechas.

Si así ocurre, se prorrogará un año más el actual sistema de financiación vigente desde 1979, en base al acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, aunque las partes seguirán enfrascadas en conversaciones para determinar una nuevo sistema de colaboración económica. El propósito de la Iglesia es avanzar hacia su autosostenimiento, sin necesidad de que el Estado, a través de complementos presupuestarios o favores especiales, complete la financiación acordada para cada ejercicio.

Cuestión distinta es la autofinanciación de la Iglesia, un objetivo que consideró «utópico» el prelado responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y obispo de Ciudad Real, monseñor Antonio Algora. «No sé que economía hay en España que se autofinancie», arguyó. Como es conocido, el grueso del sostenimiento de la Iglesia depende de las aportaciones contempladas en la declaración de la Renta, la conocida X, una asignación tributaria que supone el 0,52%. Si no se alcanza por esta vía la cantidad decidida para el ejercicio económico, el Estado la garantiza con un complemento presupuestario. En la campaña de la Renta 2005, el total de la asignación tributaria de la Iglesia por parte de los contribuyentes ascendió a 128,6 millones de euros y el complemento a 12,7 millones.