La propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía ha contado con el apoyo de 67 de los 108 parlamentarios de la comunidad, el 61,5% de la cámara, frente a 41 (el 37,6%), que votaron en contra. La mayoría conseguida hubiera sido extraordinaria en cualquier asunto corriente, pero es a todas luces insuficiente cuando se trata de reformar las reglas de juego, lindantes con la estructura del Estado. El propio Rodríguez Zapatero, al marcar las pautas que debería seguir el nuevo Estatuto de Cataluña, enfatizó la necesidad de que se ajustase a dos criterios: el de la plena constitucionalidad y el de estar respaldado por una mayoría muy relevante de las fuerzas catalanas representadas en el Parlament. Y en Cataluña, la propuesta gozó de un apoyo superior al 90%.

La conclusión es clara: se ha podido prescindir del PP en Cataluña, donde la presencia del principal partido de oposición en el Estado es muy escasa, pero no podrá hacerse en el resto de las comunidades autónomas si se opta por respetar la propia naturaleza fundacional del régimen. Y si no se quiere llegar a la amarga circunstancia de no poder rechazar un nuevo 'plan Ibarretxe' con el argumento de que no es transversal y de que no es posible que las Cortes interioricen y aprueben un estatuto que no goce de amplio consenso, sensiblemente superior al formado por la mitad de los electores.