La magistrada del Juzgado de Menores Número 1 de Alicante, Carmen Arias, realizó ayer un análisis despiadado de la realidad social y de la administración de Justicia en su área. Además de enumerar las carencias con las que cuentan los funcionarios para realizar su labor, advirtió sobre el importante «aumento exponencial» de casos de malos tratos de menores a sus progenitores o tutores. Un incrementó que cifró en alrededor de un 60% en los últimos dos años en el partido judicial de Alicante.

Arias hizo estas declaraciones tras participar en un juicio simulado en el Instituto Miguel Hernández de Alicante, en un proyecto que pretende acercar la Justicia a los escolares. En el centro se recreó una audiencia (término usado para los juicios a menores) por una presunta agresión.

Pese a que en el juicio ya se produjo sentencia, Arias no dudó en calificar como «lenta» la Justicia, a preguntas de los escolares. «Una medida es buena en cuanto que sea rápida, ya que se pierde el sentido educativo con el retraso en la ejecución», afirmó la magistrada.

Y educación es lo que parece que cada vez falta más. Los casos de malos tratos a padres ya no se dan tanto en entornos de marginalidad o exclusión social, evidenció Carmen Arias, sino en «familias normales». La juez dedujo que estos comportamientos se daban por «mimetismo con respecto a la gran repercusión que tienen en los medios los casos de malos tratos».

La experiencia de la magistrada es clarificadora: «Antes, apenas había visto un par de casos, pero de unos años para aquí están aumentando progresivamente», manifestó Carmen Arias a preguntas de los periodistas.

Los malos tratos todavía no son los asuntos sobre los que más se tratan en los juzgados de Menores. Drogas, agresiones o vandalismo son los delitos que ocupan más parte del sistema judicial entre los ciudadanos de 14 a 18 años.

En este sentido, Arias aseguró que se han encontrado casos en los que se ha juzgado a menores que habían destrozado sistemáticamente vehículos «sólo por diversión», sin que los técnicos hubieran dictado ningún otro problema social o de entorno.

La juez de Menores no pudo facilitar un perfil sobre el menor que delinque, aunque señaló que la mayoría son varones. Sin embargo, aumentan las acusadas, «que actúan en grupo», sobre todo en delitos de agresiones.

Faltas

Pese a que el sistema funciona, ya que «cerca de un 60% de los menores que son tratados se reinsertan en la sociedad», Carmen Arias no duda de que si la Administración de Justicia tuviera más medios, este porcentaje aumentaría.

Entre las carencias que la magistrada de Menores encuentra en su quehacer diario, Arias exige más personal técnico a disposición de los jueces. «El año pasado se solicitaron unos 2.300 informes a los técnicos, de los que 800 se quedaron sin hacer por falta de tiempo», aseguró Arias. Por tanto, unos 1.500 menores que no tuvieron juicio ni, si se dieran, medidas reeducativas.

Pero a los menores que siguen medidas o cursos de reinserción también les faltan recursos. En este caso, agentes que vigilen el cumplimiento de las medidas, algo que corresponde a la Conselleria de Bienestar Social. Un técnico debe controlar a quince menores, según está acreditado. En la Comunidad Valenciana, este ratio aumenta a 20 chicos por cada técnico.

Arias también echa en falta un centro terapéutico para menores, donde se puedan tratar casos de toxicomanía o transtornos psiquiátricos. El único centro que hay en la Comunidad, el Pi i Margall, está en Valencia. En Alicante hay programas de visita de psicólogos a las dos instituciones de Menores, pero que no cumplen enteramente su objetivo, subrayó Arias.