El Gobierno boliviano aplicará un impuesto del 82% de los beneficios a los dos principales pozos de Repsol YPF, los de San Alberto y Sábalo, tras su decisión de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos, según explicó ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una entrevista en RNE-Ràdio 4 recogida por Europa Press. El gravamen del 82% no afectará a las empresas con un bajo volumen de producción petrolera.

El ministro aseguró que la compañía que preside Antoni Brufau «debe sentirse segura y tranquila», porque el gobierno andino «tiene la intención de seguir negociando con la petrolera española», e instó a sus responsables a «contactar los antes posible» con el Gobierno de Evo Morales «para pactar las inversiones de la petrolera en el país».

«Nuestro ánimo para trabajar con ellos sigue intacto para iniciar (...) nosotros no hemos cerrado ninguna ventana u oportunidad para sentarnos en la mesa con Repsol», afirmó. Estos contactos deberían, a juicio de Quintana, «permitir nuevas inversiones» porque desde el Ejecutivo andino «vamos a darles todas las seguridades que son necesarias bajo un marco de transparencia y reciprocidad».