Hubo caña para todos: al Consell para que frene la precariedad laboral y la alta siniestralidad que padece la provincia; al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, «por el urbanismo desaforado de la ciudad»; a los empresarios en general, «por ser voceros del Partido Popular»; a este partido, «por su demagogia»; al Gobierno de la Nación, «para que no castigue a la provincia de Alicante», e incluso se exigió a organizaciones y partidos «que huyan de la aritmética de los votos y busquen mejor la aritmética de la movilización en la calle».