El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó hoy con carácter provisional la modificación de la ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria (ORA), después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declarara nulos dos de sus artículos.

Frente a los votos a favor emitidos por los ediles del equipo de Gobierno municipal (PP), socialistas y Esquerra Unida se abstuvieron al entender que la normativa propuesta como sustitutiva a la anulada "puede y debe ser mejorada", afirmó la edil de EU, Susana Sánchez.

La aprobación de la modificación tiene carácter provisional, ya que el texto ahora propuesto quedará a exposición pública en los próximos 30 días para la presentación de alegaciones que, a su vez, deberán recibir contestación municipal, antes de ser nuevamente remitido al peno para su ratificación definitiva.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado 10 de abril el proyecto de modificación de los preceptos declarados nulos por el TSJ-CV, que hacen referencia tanto a las sanciones como a las competencias de decisión sobre cuáles deben ser las áreas urbanas declaradas "zonas azules".

Estas modificaciones establecen una sanción de 90 euros por el estacionamiento sin el pago del recibo ORA o por el falseamiento o utilización indebida del citado recibo (supuestos denominados a y b, respectivamente).

Asimismo, se fija un multa de 30 euros para aquel conductor que no coloque "de forma bien visible" el recibo justificativo del pago (c) o estacione más tiempo del abonado sin superar el máximo establecido en la zona regulada (d).

Finalmente, la sanción será de 60 euros para quienes superen el tiempo máximo de estacionamiento establecido en zona regulada (e).

Antes de la modificación, objeto del recurso que presentó ante el citado tribunal el Sindicato Profesional de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, la sanción de 90 euros era extensible también a los supuestos "c" y "e".

No obstante, la concejal de EU expuso en el pleno la necesidad de acometer "una graduación de sanciones" en función de la gravedad del incumplimiento de la norma y rechazó que "sólo se hable de importes máximos".

En esta misma línea, el edil socialista Domingo Martín exigió la importancia de que la nueva normativa "distinga entre infracción y sanción", pues, según apuntó, "las multas deben ser proporcionales a la actuación del infractor".