El pasado jueves, después de diecinueve meses, se daba por concluida la instrucción de los disturbios de Carrús, que acabaron con la quema de dos almacenes de calzado asiático y del contenido de un trailer de zapatos. Esto no quiere decir que el juicio se celebrará en breve. Se abre un nuevo periodo, posiblemente muy largo, en el que los abogados de las defensas, de las acusaciones y el Ministerio Público tienen que elaborar sus escritos de calificación. Fuentes judiciales apuntan a una espera de entre un año y dieciocho meses debido al gran número de imputados.

La conclusión de la instrucción ha aportado algunas sorpresas. La primera se refiere al número de imputados. Durante la investigación policial, que se prolongó del 16 de septiembre del 2004 a julio del 2005, se realizó un total de cuarenta detenciones de supuestos participantes en el suceso. Excepto cuatro de ellos, propietarios de empresas del sector, el resto de los arrestados son trabajadores del calzado, algunos en paro actualmente. Salvo las nueve primeras que fueron realizadas en el lugar y en el momento de los hechos, el resto de los arrestos se produjeron como consecuencia de la identificación de los participantes mediante cintas de vídeo y fotografías.

Sin delito de incendio

Cuatro de los detenidos han quedado fuera del procedimiento abreviado. Sólo serán 36 los acusados que tendrán que presentar escrito de calificación de defensa. Son tres los delitos imputados: daños, robo y desórdenes públicos. No aparece el de incendio, a pesar de que cuando se abrieron las diligencias previas era una de las imputaciones más relevantes.

Teniendo en cuenta que ninguno de los cuarenta detenidos reconoció durante la instrucción ser quien prendió las cajas de zapatos tras el saqueo del trailer, la desaparición del delito de incendio evidencia que la investigación policial no ha sido capaz de poner nombre y apellido al o a los autores del grave suceso.

Todo indica que no todos los imputados serán acusados de los tres delitos, en particular del de robo ya que fueron relativamente pocos los que aprovecharon el saqueo del trailer y el incendio de las cajas de zapatos para llevarse algunos pares intactos. Los de daños y desórdenes públicos serán posiblemente los únicos de los que todos respondan.

Menos de lo previsto

La tercera sorpresa de la instrucción tiene que ver con la valoración de los daños que han realizado los peritos judiciales. Desde el mismo momento del incendio se estuvieron barajando unas cifras muy elevadas en relación a las pérdidas ocasionadas. De hecho se llegó a hablar de 1,5 millones de euros.

Los peritos han sido muchísimo más parcos en sus valoraciones. Aunque las dos naves fueron demolidas, los daños han sido cuantificados sólo en 75.727 euros. El propietario de una de ellas, un conocido empresario ilicitano, disponía de una póliza que aseguraba la nave contra desórdenes públicos, lo que le ha permitido cobrar el seguro y proceder a la reconstrucción del edificio.

A esta cantidad hay que añadir 7.123 que corresponden a los perjuicios causados al Erario público con la rotura de mobiliario urbano y otros gastos.

Los zapatos quemados se han valorado en 25.981 euros, una cantidad también muy inferior a la prevista ya que las primeras estimaciones cifraban en 150.000 los pares destruidos.

Hay que añadir la cuantía de los desperfectos causados en dos naves colindantes a las siniestradas. Una de ellas sufrió daños importantes que, según los peritos, ascienden a 18.555 euros. La otra no fue tan perjudicada y su reparación tiene un costo de 3.755 según la estimación judicial.

Hasta conocerse la calificación de los hechos del Ministerio Público, se ignora si será la Audiencia Provincial la competente o uno de los juzgados de lo Penal. Todo dependerá de la importancia de las penas que solicite el fiscal así como las nueve acusaciones particulares personadas, siendo siete de ellas compañías aseguradoras.